La consellera de Justicia, Interior y Función Pública, Gabriela Bravo, ha presentado este lunes ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts las cuentas de su departamento para el próximo año. El proyecto de ley contempla una previsión de gastos e inversiones que se incrementan en un 16,6% respecto al año anterior hasta alcanzar los 648 millones de euros, lo cual las convierten "en las más expansivas de la historia de nuestro autogobierno".
Según ha explicado la consellera, estos presupuestos se han diseñado "para avanzar en la recuperación económica, fortalecer el escudo social y consolidar la cohesión territorial".
En este sentido, Gabriela Bravo ha defendido que la Justicia "tiene reservado un papel clave en este proceso" tanto por su condición de garante de la seguridad jurídica indispensable para la actividad económica como por la acción inversora que se llevará a cabo el año que viene en nuevos edificios judiciales y que ejercerá como "eje tractor" de un sector generador de empleo como la construcción.
De igual modo, la Administración Pública también será "un agente esencial" tanto por su capacidad de ofertar empleo público como por su actividad contratadora del sector privado y, sobre todo, por su vocación de "aliada para empresas y emprendedores desde la colaboración y la innovación".
"Nada de ello -ha insistido la consellera- será posible si no se cuenta con un marco de seguridad capaz de dar respuesta a las emergencias" que es competencia del área de Interior de la Conselleria.
Entre las principales novedades del proyecto de Ley de Presupuestos, la consellera ha destacado la creación de las Unidades de Peritos Contables adscritas a las tres fiscalías provinciales para apoyar la investigación de la delincuencia económica y la corrupción. También ha anunciado la creación de un programa de becas para oposiciones a juez, fiscal, abogados del Estado y Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia que se sumará al Programa 500 para los aspirantes a la Función Pública valenciana. Además, se abrirán tres oficinas de Segunda Oportunidad en las capitales de provincia para ofrecer asesoramiento a personas, autónomos y empresas afectadas por situaciones de insolvencia y que necesiten ayuda para empezar de nuevo.
451 millones para el área de Justicia
Las dos direcciones generales que conforman el área de Justicia dispondrán el año que viene de 451 millones de euros, lo que representa un incremento del 17% respecto al año anterior.
De ellos, 263 se destinarán a personal, donde crecen todas las partidas, entre otras razones, porque "vamos a solicitar la creación de 14 nuevos órganos judiciales. Además, fortaleceremos las plantillas a través del Plan de Refuerzos que incrementa su dotación en un 9% hasta alcanzar los 9,5 millones de euros". Esta iniciativa se une al Proyecto Justicia Próxima que, dotado con 2,3 millones de euros, será "pionero en todo el Estado y nos permitirá transformar los juzgados de paz en modernas oficinas judiciales".
Por otra parte, la consellera ha explicado que la Administración de Justicia va a jugar un papel destacado en la recuperación económica "no sólo mediante su acción para elevar los estándares de seguridad jurídica, sino también como motor inversor". En este sentido, Gabriela Bravo ha asegurado que la dotación del año que viene para el Plan de Infraestructuras Judiciales es de 68,4 millones de euros.
De ellos, 35,5 se destinarán a la construcción de nuevos edificios como el palacio de Justicia de Gandia, la Ciudad de la Justicia de Alicante y los juzgados de Llíria y Alzira, así como la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de las sedes de Sagunt, Torrent, Villena, Xàtiva y Ontinyent.
Otra dotación de 15,7 millones para la reforma y adecuación de edificios como la ampliación de los juzgados de Vinaròs y la reforma integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia en València. A estos proyectos hay que sumar las ampliaciones de las sedes judiciales de Orihuela y Dénia.
A la construcción de nuevas sedes judiciales o la rehabilitación de las existentes se unen las partidas destinadas a asegurar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los edificios con una partida de 57 millones de euros, que supone un incremento del 12,6% respecto al año anterior.
Las mejoras en los 69 edificios que componen el parque inmobiliario judicial valenciano se completan con las inversiones para mejorar su eficiencia energética. En este sentido, la consellera ha destacado que un tercio de estos edificios son ya sostenibles y "para seguir avanzando en esta apuesta" en 2022 se destinarán 5,2 millones en 28 actuaciones de iluminación, climatización e instalación de placas solares en 17 edificios.
Por otra parte, la consellera ha recordado que los más de 40 millones de euros invertidos desde 2016 en modernización tecnológica tendrán su continuidad en las cuentas del año que viene con otros 2,2 millones con los que se avanzará en la implantación del nuevo sistema de gestión procesal, Just@CV que dará vida al expediente judicial electrónico y a la llegada del papel 0 en los tribunales valencianos.
Mención especial en la comparecencia de la consellera han merecido las víctimas del delito y, sobre todo, las de violencia de género. En este sentido, Gabriela Bravo ha enumerado los proyectos e iniciativas para luchar contra esta violencia y que supondrá un gasto de 11,3 millones de euros, es decir, "31.000 euros diarios para proteger, asistir y concienciar sobre los efectos de esta violencia sobre decenas de miles de mujeres".
Las cuentas de esta área se completan con la dotación para Justicia Gratuita que asciende hasta los 51,3 millones de euros, partidas por valor de 2,1 millones para llevar a cabo proyectos de Justicia Inclusiva y otros 1,9 millones para potenciar la Mediación.
13,9 millones para la Función Pública
El área de Función Pública contará con un presupuesto de 13,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 17% respecto a 2020. "Gracias a esta inversión -ha dicho la consellera- vamos a llevar a cabo la selección de más de 5.000 nuevos empleadas y empleados públicos, lo que equivale a cerca del 30% del total de la plantilla de la Función Pública Valenciana. Esto supone gestionar alrededor de 140.000 solicitudes de aspirantes para más de 200 procesos selectivos".
Además, se dedicarán 2,1 millones de euros para poner en marcha la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP) "que será la encargada de actualizar los procesos selectivos, de forma que terminaremos con los modelos memorísticos propios del siglo pasado".
168 millones para el área de Interior
El área de Interior contará con un presupuesto de 168 millones de euros, que representa un incremento del 15 por ciento respecto a las cuentas del 2021. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Sociedad Integral de Gestión de los Servicios de Emergencias (SGISE) serán las que asumirán la mayor parte de la gestión de estos fondos, con un total de 101,2 y 56,4 millones de euros respectivamente. Para la consellera, estas partidas "nos permitirán consolidar el modelo valenciano de seguridad y respuesta que es uno de los mejores de España gracias a su territorialización, su coordinación y la formación especializada de sus operativos porque debemos estar preparados para que la respuesta a la emergencia o amenaza sea tan inmediata como cercana".
Entre los proyectos del área de Interior, la consellera ha destacado la segunda fase del despliegue de la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE) que supondrá un coste de 6 millones de euros y con los que se habilitarán 68 puestos operativos, un mando principal único y se pondrán en marcha tres centros logísticos de respuesta a las emergencias, uno de ellos en la Vega Baja por su especial vulnerabilidad a las inundaciones.
Por otra parte, se destinarán 18 millones de euros para la financiación de los medios aéreos de extinción de incendios y otros 6 para el programa EMERGE, con el que más de 1.300 personas de más de la mitad de los municipios de las tres provincias serán contratadas para trabajar en labores de prevención en el medio natural. A ello hay que sumar los 11 millones de euros que se destinarán a mejorar las capacidades tecnológicas del 112.