La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmado hoy que coge el reto "de un pacto educativo como el que Pablo Casado ha ofrecido a Pedro Sánchez" y lo planteará en la Comunitat. "Lo que no vamos a estar es parados. Si Puig quiere nuestra ayuda el PPCV estará, pero si no la quieren y apuestan por la imposición también nos van a encontrar, pero en los tribunales".
Bonig se ha pronunciado así en la reunión con los sectores de educación que hoy ha mantenido el PPCV, y que ha contado con la asistencia del presidente nacional, Pablo Casado, además de la presidenta de la ciudad de Valencia, Mª José Catalá y el presidente de la provincia, Vicent Mompó. En la reunión han estado presentes la presidenta de la Asociación de inspectores e inspectoras para una nueva Educación, Susana Sorribes; la presidenta de CSIF Comunidad Valenciana, Alicia Torres; el presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, Alberto Villanueva; y la presidenta de la Confederación Valenciana de Padres y Alumnos COVAPA, Sonia Terrero.
Bonig ha recordado que el PPCV presentó a Puig un Proyecto de Ley de Educación "que tenía el consenso de la comunidad educativa. Se lo ofrecimos y nos dijo que no, pero vamos a seguir insistiendo". Asimismo, ha indicado que en la Comunitat "se ha librado una batalla importante, porque hemos sido el banco de pruebas de la izquierda. Aquí fue, durante la legislatura pasada de Puig, cuando se eliminó la demanda social".
Sentencias a favor de la libertad
Bonig ha recordado que desde la llegada del Botànic el PPCV, junto a padres y centros, "ha llevado una batalla por la libertad". "Hemos conseguido sentencias a favor de la libertad, hemos sido pioneros y hemos reiterado que ponemos nuestro equipo jurídico al servicio de los padres y de la comunidad educativa. Esta batalla la hemos ganado en los tribunales en defensa de la libertad y la calidad, donde todo el mundo esté representado", ha manifestado.La presidenta del PPCV ha recordado que los valencianos "demuestran su valencianía en castellano y en valenciano, porque tenemos zonas donde se habla castellano y otras valenciano, y nunca ha habido ningún problema. Pero ahora, con la imposición que quiere el Botànic se ha planteado un problema que también quieren extender a la función pública".
Asimismo, ha criticado que haya sectores que quieran dar una visión elitista de la escuela concertada. "No es verdad, y hay que tener en cuenta también la labor que hacen, como hay que tener presente la gran labor de los centros de educación especial, de la educación de 0 a 3 años. La Ley Celáa no es educativa, es una ley política e ideológica", ha manifestado.
Por último, Bonig también ha recordado el papel de la inspección educativa. "Es esencial. Lo primero que hizo Puig fue desterrar a la intervención de la supervisión, y es clave un cuerpo de inspectores formado e independiente, porque son la mejor garantía".