Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, y Chrysallis, Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans*, convocan una concentración ante les Corts valencianes este jueves, 15 de mayo, a las 9 horas, para decir que la ley trans no se toca y denunciar «el mayor ataque contra los derechos trans, ejecutado por un PP vendido a Vox para mantenerse en el poder, después de mentir hace un año diciendo que no desmantelarían la ley trans valenciana», explica Fran Fernández, coordinador general de Lambda.
Según estas entidades, el gobierno autonómico utiliza las enmiendas a la Ley de Acompañamiento —presentadas sin transparencia ni debate público— para modificar por la puerta de atrás la ley trans valenciana, que fue una ley pionera en el estado español. «Igual que hace veinte años el Partido Popular elevó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y se equivocó, también en este caso el tiempo demostrará que se equivocan al atacar los derechos trans», argumenta el representante del colectivo LGTBIAQ+ valenciano.
En la concentración del jueves, participarán Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), y Sandra Bayón, presidenta nacional de la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans*. Mostrarán así su apoyo a la Comunitat Valenciana, «ya que lo que está ocurriendo en este territorio es inadmisible, pero también un aviso a otras comunidades gobernadas por el PP», apunta Paula Iglesias. Estará también presente la bandera trans que recorrió todas las comunidades en 2021 durante la campaña para exigir la aprobación de la Ley trans estatal y que firmaron, entre otras personalidades, el Cabildo de La Palma y el presidente del Parlamento gallego, ambos del Partido Popular.
En esta línea, Lambda y Chrysallis anuncian su intención de defender los derechos trans ante los estamentos más altos «porque estos cambios en la ley son inconstitucionales». Las enmiendas a la ley 8/2017 del Partido Popular y Vox «introducen dudas sobre la legitimidad científica de la identidad de género, relativiza la autodeterminación y apela a un conflicto entre el derecho a existir y un supuesto derecho a no se sabe muy bien qué, como justificación para limitar garantías, lo que supone un cambio en la orientación interpretativa de la ley», continúa.
Rompen con el reconocimiento de la autodeterminación como derecho fundamental al añadir, en la nueva redacción, la obligación de «buscar la compatibilidad con otros derechos», lo que permite restricciones arbitrarias de derechos, como explican los colectivos LGTBIAQ+. Si una persona se quejara por tener que cambiarse de ropa junto a una persona migrante o una persona con un miembro amputado, no habría dudas en denunciar ese comentario por racista o capacitista, «en cambio, parece que hay un supuesto derecho a no compartir espacios con las personas trans, a las que se convierte en sospechosas por defecto ignorando la presunción de inocencia a la que todas las personas tenemos derecho según la ley», describe Fran Fernández.
El vergonzoso acuerdo de PP y Vox propone un texto que abre la puerta a las mal llamadas terapias de conversión –consideradas una forma de tortura por la ONU–: «Se prohíben las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación a la persona trans, destinadas a modificar la identidad o expresión de género de estas personas, siendo posible acogerse a acompañamiento siempre que se opte libre y voluntariamente». Las víctimas de estas falsas terapias y los colectivos LGTBIAQ+ se preguntan: «¿Quién acudiría voluntariamente a una tortura?».
El hecho de incluir a la sanidad privada en la segunda opinión permite que en centros donde se practican esas supuestas terapias «se acompañe» a menores a quienes les obligan a acudir sus familias. Sin embargo, esa redacción acaba con la posibilidad de denunciar estas prácticas como acaba de ocurrir en Valencia, donde hay cuatro causas abiertas en los juzgados por este tema gracias al valor de las víctimas para denunciar los abusos sufridos.
Además, en los casos de discriminación, «se suprime la inversión de la carga de la prueba, lo que quiere decir que se elimina la garantía procesal antidiscriminación que defiende a la víctima», un derecho ampliamente reconocido en las jurisprudencias española y europea, explica Fernández. Por ejemplo, en el ámbito laboral con la ley actual es la empresa quien tiene que demostrar que no se trata de un despido discriminatorio y, con los cambios en la ley, sería la persona despedida la obligada a probar que sí ha habido discriminación.
En las escuelas se imponen condiciones en «el acceso a baños, duchas y otros espacios conforme al género sentido a la compatibilidad con los “derechos del resto”». Esto quiere decir que se vuelve «a la discriminación estructural de las infancias trans anterior a la ley valenciana. Las consecuencias para la salud mental de menores y el aumento de suicidios tendrán un responsable: el gobierno del sr. Mazón», señala Raquel V. Chover, portavoz de Chrysallis CV.
Además, las enmiendas de derecha y ultraderecha eliminan la obligación de tratar la diversidad en el currículo, imponen «el pin parental que Vox ha propuesto desde sus inicios y pueden hacerlo porque ahora mismo es la ultraderecha la que gobierna en la Comunitat Valenciana, y eso ningunea el criterio profesional del personal docente», denuncia el representante de Lambda. Y pone un ejemplo: «¿Qué pensaríamos si un padre maltratador pudiera vetar contenidos contra la violencia de género en un centro educativo y lo impusiera al claustro docente? Pues eso es lo que podrán hacer ahora las personas tránsfobas: someter a los centros vetando los contenidos de diversidad sexual y de género».
Las restricciones en el uso de espacios en escuelas se unen a limitaciones en la práctica deportiva de forma que los Gay games que se celebrarán en Valencia en 2026 se confirman, dice, como un mero evento de pinkwhashig, vacío de contenido, como hace un año ya denunciaron Lambda, Avegal, LGTBI+ Dracs y la Fundación València Diversitat.
Deriva regresiva del PP
Los colectivos LGTBIAQ+ explican que el vaciado de contenido de la ley trans valenciana no se trata de un hecho aislado, sino que el Partido Popular, desde su llegada a la Generalitat, «ha desplegado una estrategia sistemática de desactivación de los espacios de participación del colectivo trans y LGTBIAQ+ que no le son afines». Por eso exigen la convocatoria urgente del Consejo Consultivo Trans y del Consejo Consultivo LGTBI como espacios democráticos para abordar la gravedad de las reformas legislativas en marcha.
También reclaman la comparecencia directa de la consejera Susana Camarero, presidenta de ambos consejos, para dar explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas por su partido. Hasta el momento, los colectivos siguen esperando una reacción por parte de la vicepresidenta de la Generalitat «que los ignora una vez más, algo que ya es tristemente habitual en ella», denuncian los colectivos.
Día contra la LGTBIfobia
Además, este sábado, 17 de mayo, Día contra la LGTBIfobia, Lambda convocará otra concentración en la Plaza del Mercado, a las 7 de la tarde, para defender la ley trans valenciana y los derechos de las personas LGTBIAQ+ contra toda clase de discriminación.