Son ya 17 los imputados por la investigación acerca de la presunta financiación irregular del PSPV. El último, el exalcalde de Benidorm y actual diputado provincial, Agustín Navarro. La jueza de Instrucción 21 de València dividió la causa que investiga la financiación del PSPV y el Bloc entre 2007 y 2011 en cuatro piezas con el objetivo de investigar el supuesto "trato de favor" a la consultora de comunicación Crespo Gomar SL, que habría financiado ilegalmente a estas formaciones a cambio de contratos públicos.
Las primeras resoluciones a nivel nacional de dos juzgados de Madrid implican a funcionarios y ex altos cargos de los ministerios de Vivienda y Sanidad de la época de José Luis Rodríguez Zapatero. La excandidata socialista a la alcaldía de Alicante Etelvina Andreu se encuentra entre las personas implicadas. Ahora, la pieza separada remitida a los juzgados de Benidorm investiga la supuesta adjudicación irregular del contrato de los opinómetros de Benidorm, pagados por el Plan E del gobierno de Zapatero.
Agustín Navarro todavía mantiene su acta como concejal de Benidorm, pero está citado a declarar el próximo 14 de junio, el mismo día que los otros investigados Alberto Gomar y José Ramón Tiller, socios de la empresa Opino Media SL, la responsable de la instalación de los opinómetros, y la exconcejala Mariola Fluviá, responsable entonces del área de Contratación, tal y como señaló hace dos días el diario Levante-EMV.
Esta mercantil ganó 300.000 euros procedentes del Plan E para instalar 19 opinómetros que tiempo después se dedicaron a otras funciones por su elevado coste de mantenimiento. Inicialmente, su función consistía en recoger las opiniones de los ciudadanos sobre determinados servicios públicos que ofrecía el consistorio alicantino.