La Comunitat Valenciana ha acelerado la implantación de la energía renovable con la aprobación de un decreto ley de medidas que permitirán agilizar la transformación del territorio valenciano hacia un modelo más ecológico. Se trata de un decreto consensuado entre las Consellerias de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo junto a la de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad, que aprobaba el pleno del Consell el pasado viernes.
El objetivo no es otro que simplificar la tramitación de los proyectos que apuestan por las energías renovables "con la vista puesta en las aspiraciones de contar con 6.000 MW de producción fotovoltaica y 4.000 MW de eólica". Y es que es esencial para la Comunitat Valenciana cumplir con los objetivos europeos de alcanzar el 100% de energías renovables en 2050, pero también lograr cumplir los objetivos marcados en la Ley Valenciana de Cambio Climático en la que se fija un 70% de energía eléctrica renovable en 2030.
Para ello, es necesario multiplicar por 16 y por 4 la actual producción tanto de energía fotovoltaica, como eólica en la Comunitat Valenciana. En este sentido, este decreto ley se alza como una oportunidad perfecta para flexibilizar los trámites para el autoconsumo energético, pero también para la instalación de energía eólica y solar fotovoltaica.
Así, tal y como explicaba el president de la Generalitat, Ximo Puig, con esta nueva norma, "vamos a intentar facilitar un escenario de carácter administrativo que impulse la instalación de parques eólicos y parque fotovoltaicos en toda la Comunitat Valenciana".
"La Comunitat Valenciana es una fuente de oportunidad en materia de energía limpia y democrática", explicaba la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà. Por este motivo, "hemos definido ya las áreas de desarrollo prioritario que no supondrían afección al medio natural y contamos, además, con un Plan Director de Energía que plantea la instalación de renovables en 12.000 ha de nuestro territorio".
El documento, entre otras medidas, defiende la reserva de suelo para la instalación de renovables en los nuevos planes generales de ordenación urbana y se eliminan las duplicidades en los trámites. De esta manera, en el caso de la energía eólica, se suprimen los planes especiales, se actualiza la normativa y se permite el máximo potencial eólico aprovechable; mientras que en el caso de centrales fotovoltaicas hasta 50 MW, se establecen preferencias de emplazamiento que tienen que ser compatibles con los planes territoriales y urbanísticos que cumplan las condiciones medioambientales, funcionales y territoriales.
Otras medidas que contempla este decreto ley son la obligatoriedad de instalar módulos fotovoltaicos en las cubiertas de los nuevos edificios.