La "Transición Ecológica" ya estaba presente en el anterior Botànic, pero en el segundo tiene aún más protagonismo. Es el primer punto del primer eje que firmaron el PSPV, Compromís y UP-EUPV: "Impulsaremos la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima". Es uno de los puntos más reivindicados por la formación de Rubén Martínez Dalmau y, como con los alquileres, aquí también parece estar formándose una 'burbuja'. Una que puede tener detrás la especulación con las licencias para producir energía limpia.
Se habla de ello desde hace un par de meses, aunque no es nuevo. Se mencionaron como "burbuja" y "boom fotovoltaico" entre 2007 y 2008, cuando las políticas del gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero permitieron pasar de 100 MegaWatios (Mw) a principios de 2007 para acabar con 500 y, en 2008, 2.800 Mw. Ahora, sin embargo, hay espacio para el alarmismo a la hora de conceder licencias para este tipo de energía.
La noticia se hacía más sonora el pasado 26 de junio. La homóloga de Mireia Mollà en el Gobierno central, la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, señaló en una entrevista al medio EFE que se plantean "tomar medidas" para evitar "una posible burbuja". Según detalló, las solicitudes de licencias para la generación de energía renovable "van muy por delante de las previsiones" de lo que, aseguran, entienden como "factible en términos de inversión, construcción y puesta en funcionamiento".
Con esto la Ministra quiere decir que las demandas de licencias para la producción de energía fotovoltaica, solar, eólica y otras renovables se acercan a los 150.000 Mw. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el que el Consell quiere enmarcar la nueva ley contempla, para 2030, 55.000 Mw.
Más rápido con más exigencias
La suma, que parece positiva en cuanto a superar a los combustibles fósiles, puede tener detrás prácticas especulativas. Desde Fundación Renovables, una entidad dedicada a promover el avance en la Transición Ecológica, también se apuntó, pese a su apuesta 'verde', a un posible 'hinchazón'. El peligro reside en que, con la legislación actual, la licencia adjudicada puede después traspasarse a otra empresa. Así, una empresa que adquiera muchas de estas licencias, puede no llevar adelante después la producción de energía, si no venderlas para lucrarse. Una comparación sencilla serían las licencias de taxi.Desde el Consell se ha pedido al gobierno Central que se tomen "medidas" para atajar el problema. Un contexto con dos 'vertientes': en la Comunitat se acumulan las licencias por la burocracia, hacen reformar para avanzar más rápido pero, a su vez, piden mayores exigencias para la concesión.
Proponen, por ejemplo, que a la hora conceder una licencia la empresa disponga ya del espacio para la instalación y la previsión de compra de equipos, así como el punto de acceso a la red. Así las posibilidades de especular y que no acabe en una producción energética real son menores.