El sector agrario y ganadero ha trabajado, sin descanso, durante la pandemia del Covid-19 para seguir produciendo alimentos de la máxima calidad. Sin duda, uno de los sectores esenciales que, en los tiempos más difíciles, han seguido estando a pie del cañón para abastecer de alimentos a comercios y mercados. Pero, además, se han volcado en garantizar la seguridad ciudadana poniendo, a disposición de los municipios, sus equipos y su experiencia para, de manera altruista, desinfectar las calles.
Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, esta crisis sanitaria también ha sido devastadora para el sector, y desde las administraciones públicas tampoco les han prestado la ayuda necesaria para seguir adelante. "Esto viene de antes", explica Héctor Alapuz, responsable de comunicación de AVA-ASAJA, a València Extra. "Antes de la crisis, el sector agrario y ganadero salió a las calles, con una movilización sin precedentes, para reivindicar que se invirtieran los recursos necesarios para revertir una situación que ya era límite por la falta de rentabilidad".
Tras los primeros casos positivos de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, "paralizamos las movilizaciones y volvimos a nuestras explotaciones para suministrar los alimentos. Pero, además, hemos llevado a cabo acciones solidarias como la donación de alimentos o la desinfección de las calles de los municipios", y añade, "la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que el sector agrario y ganadero es un servicio esencial y, sobre todo, se ha visto que, pese a que hemos seguido en activo, los niveles de contaminación han descendido significativamente, lo que demuestra que no somos nosotros los que contaminamos, como algunos grupos quieren hacer ver".
Ahora, superados los momentos más críticos de la pandemia, desde AVA-ASAJA señalan que el daño a la rentabilidad es mucho mayor. "A excepción de los cítricos, que han experimentado un repunte en la demanda internacional, hay sectores muy afectados por el desplome de precios como el de hortalizas de temporada, la ganadería, o el de flores y plantas que, en estos meses de primavera conseguían el 75% de la facturación de todo el año. Además, ahora comienza la campaña de frutas de hueso, y tenemos constancia que el 40% de la superficie de la provincia de València se arrancará, bien para reconvertirlo en cultivos más productivos o bien para abandonarlo".
Una situación insostenible, que necesita de un apoyo firme por parte de la administración pública, y que nunca llega. "Siempre dicen que somos un sector esencial, estratégico… Palabras bonitas que nunca se traducen en hechos. Nos sentimos engañados y, por eso, salimos a las calles". De hecho, no descartan volver a movilizarse si las negociaciones no avanzan hacia una solución real a los problemas que afectan al sector agrario y ganadero.
Y es que, como explica Héctor Alapuz, "desde la Conselleria de Agricultura repartieron 7 millones, pero excluyeron al sector de los bous al carrer. Los ganaderos han tenido que seguir haciendo frente a los costes de mantenimiento sin recibir ningún ingreso". Por eso, "estamos en negociaciones con la Diputació de València para sacar unas ayudas que eviten el sacrificio de unas 6.000 reses bravas".
No obstante, esos 7 millones es "una ayuda simbólica". "Y no solo recibimos ayudas insuficientes, tanto por parte de la Conselleria, como de la Unión Europea, sino que, además, la UE ha sacado el programa ‘De la granja a la mesa’, que continúa criminalizando al sector y culpabilizándolo del cambio climático cuando ha quedado de manifiesto que no es así", concluyen desde AVA-ASAJA.
Medidas de reconstrucción del sector
El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, ha solicitado incluir al sector agrario en el Plan de Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria con una hoja de ruta consensuada, al menos, a 10 años "para reconducir el rumbo desnortado y suicida de las políticas agrarias".En este sentido, algunas de las propuestas que Aguado puso encima de la mesa son cuestión de "voluntad política, que no cuestan dinero", como un observatorio de precios que suministre una información valiosa al sector; el cálculo de los costes medios de producción, en contra de las tesis del Gobierno; el control de las superpoblaciones de fauna salvaje, cuyas pérdidas anuales AVA-ASAJA eleva a 30 millones de euros por las restricciones a la caza y la menor presencia humana en el territorio debido al estado de alarma; medidas contra los robos en el campo; la simplificación de la burocracia; o inspecciones en los puntos de venta.
Respecto a las medidas que sí que requerirían una inversión presupuestaria, Aguado pidió impulsar la Ley de Estructuras Agrarias "para ganar tamaño, reducir costes, introducir innovación y mejorar la comercialización y competitividad"; mayor apoyo a los seguros agrarios para una mejor cobertura; o mejorar la sanidad vegetal porque, dijo, "la Xylella fastidiosa debería estar ya erradicada".
Por su parte, desde la Unió de Llauradors, a través del secretario general Carles Peris, también presentaron una serie de propuestas de futuro para contribuir a la recuperación económica y social del sector, entre las que se encuentran la creación de una red de emprendimiento y viveros de empresas agrarias para impulsar el relevo generacional; la creación de un clúster agroalimentario para mejorar la eficiencia en las explotaciones; o la necesidad de establecer una lista de prácticas comerciales desleales entre compradores y proveedores.
Asimismo, Peris defendió que "a nuestras pequeñas y medianas explotaciones agrarias se les exige ser competitivas, respetuosas con el medio ambiente y adaptar sus productos a las exigencias de los consumidores, la logística y la distribución; pero esta presión forzada brutalmente para la adaptación y eficiencia del mercado, ha obligado a miles de personas que viven de la agricultura a desaparecer, mientras se permite la entrada de producciones de países terceros que no cumplen los mismos estándares". En este sentido, según datos oficiales, entre 1997 y 2016, han desaparecido 54.745 agricultores y ganaderos, lo que representa una disminución del 33%.
"El sector primario ha soportado durante todos estos años la doctrina de que el mercado era sinónimo de eficiencia, y se ha visto así una reducción de las ayudas públicas para su mantenimiento, una reducción de inversiones en modernización de regadíos, en investigación de nuevas variedades y lucha contra plagas, acuerdos bilaterales con países terceros sin tener en cuenta a los productores europeos, con especial mención a la entrada de plagas que arrasan nuestras producciones. Pandemias importadas de países terceros que venimos sufriendo silenciosamente en los últimos años, y cuya lucha cuesta mucho dinero".
Por todo esto, ha llegado el momento de "pactar, negociar y reconstruir para consolidar una relación permanente entre la administración y las organizaciones profesionales agrarias".