El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha reiterado su denuncia de que los remanentes generados por los Ayuntamientos “siguen siendo rehenes de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado”. El concejal ha asistido a la reunión de la Comisión de Haciendas y Finanzas de la FEMP.
En este encuentro se han tratado dos aspectos de gran interés para el conjunto de los ayuntamientos españoles: en primer lugar la posibilidad de la reinversión inmediata de los remanentes netos de tesorería en las necesidades que cada Ayuntamiento quiera priorizar. Y en segundo lugar, la problemática surgida en torno al Impuesto del Incremento de Transmisión de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Vilar ha coincidido con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, en la necesidad de tener la posibilidad cierta de que los Ayuntamientos pueden dedicar a los ciudadanos “el ahorro y el superávit que tuvimos el año pasado”. Según el concejal de Hacienda, si bien algunos grupos parlamentarios han tramitado como enmienda lo planteado por la FEMP, el Grupo Popular, por el contrario, ha presentado una enmienda a la disposición adicional 92, “lo cual supone seguir considerando a los ayuntamientos menores de edad, al exigir un destino concreto de la aplicación presupuestaria de los citados remanentes sin que el Pleno Municipal tenga autonomía de aplicarlo a los gastos que determine”.
Vilar ha manifestado su “decepción”, ya que “no solo el Gobierno no está dispuesto a liberalizar con carácter inmediato y urgente, mediante una medida legislativa que podrían haberse realizado desde el mes de febrero, sino que además mantiene el corsé, de aplicación de gastos incluso aquellos ayuntamientos que cumplimos sobradamente la Ley de Sostenibilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y pagamos la deuda viva de acuerdo con nuestra programación”.
Otro tema que ha suscitado enorme preocupación dentro de los miembros de la Comisión de la FEMP es la merma de ingresos que va a suponer la nueva formulación a la que se verá abocada el Impuesto de Plusvalía, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre territorio foral de Guipúzcoa.Según Vilar, hay una petición unánime para que se aborde con profundidad cuáles van a ser las consecuencias de futuro de esta sentencia; “y desde los ayuntamientos nos hemos de plantear si el actual impuesto está muerto, para saber por parte del Estado qué alternativas puedan plantearse para evitar los déficits que se producirán por falta de ingresos en este concepto”.
El concejal ha planteado que, independientemente del futuro, los ayuntamientos deberán solicitar que el Estado abone la totalidad de las posibles devoluciones, dado que, ha afirmado, “vamos a apelar a la responsabilidad del legislador puesto que los Ayuntamientos hemos estado liquidando este impuesto con arreglo a lo legislado y con rigor jurídico-económico acorde con nuestro marco actual de financiación local”.