Representantes de las administraciones locales, activistas en defensa de los derechos humanos y personas involucradas en la campaña No al TTIP, CETA, TISA participan este fin de semana en Barcelona en el "Encuentro sobre las políticas de comercio de la UE y las alternativas al poder corporativo". Al encuentro también asistirá a este sábado la concejala de Cooperación Internacional y Migración del Ayuntamiento de València, Neus Fábregas.
Estas jornadas servirán para actualizar la información sobre el CETA y TTIP, así como por analizar de otros tratados comerciales que se están negociando como el de UE-Japón y EU-México. También se abordará la propuesta de crear una Corte Multilateral de Inversiones (MIC) y el tratado sobre servicios, TISA. El objetivo es buscar alternativas, desde diferentes perspectivas, incluida, la perspectiva de género.
La Comisión Europea, por mandato de los Estados Miembros, inició negociaciones con los Estados Unidos de América para un acuerdo transatlántico de inversiones y comercio (TTIP), un acuerdo integral de economía y comercio entre la Unión Europea y el Canadá (CETA), así como un acuerdo de comercio de servicios (TISA). Estos tratados se han negociado en secreto y sin posibilidad de acceso a información pública.
Alcaldes y representantes electos se reunieron el pasado 21 de abril de 2016 en Barcelona e hicieron pública una declaración en la que pedían, entre otras cosas, que las negociaciones sobre la TTIP y TISA se suspendieran y que se iniciara un nuevo mandato que recogiera las peticiones de todos aquellos que no han sido consultados, y al mismo tiempo apelaban al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y a los gobiernos nacionales a no ratificar el CETA.
Los representantes locales consideran que la implementación de este tipo de medidas puede tener un impacto directo en la democracia local, el Arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS) y la Cooperación Reguladora del TTIP, así como cambios en la regulación de la contratación pública y los servicios públicos. “Estos tratados pueden poner en riesgo nuestra capacidad de legislar y de utilizar el fondo público, perjudicando nuestra tarea de ayuda a la ciudadanía en aspectos tan elementales como la vivienda, la salud, el medio ambiente, los servicios sociales, la educación...", afirma la regidora Neus Fábregas.