Que un agricultor cobre por no arar, por dejar crecer márgenes de vegetación entre sus parcelas o por respetar los ciclos de nidificación de las aves ya no es una rareza. En la Comunitat Valenciana, es política pública con presupuesto asignado. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca canaliza alrededor de 37 millones de euros anuales de la Política Agraria Común (PAC) para financiar prácticas agrícolas y ganaderas vinculadas a la protección del clima y del medio ambiente, en un modelo que convierte al sector primario en protagonista —y no en villano— de la transición ecológica.
35.000 productores, un campo diferente
La cifra no es menor: más de 35.000 agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana participan en alguna de estas actuaciones. Para ponerlo en contexto, el Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 prevé destinar más de 32.500 millones de euros a agricultores, ganaderos y al conjunto del medio rural español , una inversión colosal de la que las regiones reciben su parte proporcional. Los 37 millones valencianos son, en ese marco, la palanca local de una transformación que se diseña desde Bruselas pero se ejecuta entre bancales y corrales.
Las ayudas se articulan en dos grandes bloques que funcionan de forma complementaria: los ecorregímenes, enfocados en prácticas concretas dentro de la explotación, y las ayudas de agroambiente y clima, con compromisos de mayor alcance temporal y territorial.
"Estas ayudas permiten que agricultores y ganaderos sean parte activa en la protección del medio ambiente, al tiempo que garantizan la viabilidad económica de sus explotaciones" - Ángel Marhuenda, director general de la PAC de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
Los ecorregímenes: cobrar por hacer las cosas bien
Los ecorregímenes remuneran a las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente mediante compromisos anuales voluntarios que tengan un nivel de exigencia mayor que el derivado del cumplimiento de la condicionalidad básica. En la práctica, se trata de un pago por hectárea que el productor puede solicitar según el tipo de superficie y las actuaciones que decida implementar. Nadie le obliga; pero quien lo hace, percibe una compensación económica.
En la Comunitat Valenciana, estos ecorregímenes se estructuran en cuatro ámbitos de actuación. La agricultura de carbono en pastos promueve el pastoreo extensivo y la siega sostenible. La agricultura de carbono en tierras de cultivo apuesta por la rotación de cultivos y la siembra directa para mejorar la salud del suelo. Las prácticas de agroecología incentivan la creación de espacios de biodiversidad, márgenes vegetales e islas de vegetación. Y los cultivos leñosos y permanentes —tan característicos del paisaje valenciano— se acogen al mantenimiento de cubiertas vegetales o restos de poda triturados para frenar la erosión.
Estos pagos están asociados a prácticas relacionadas con la agricultura de captura de carbono y la agroecología; buscan mejorar la estructura del suelo e incrementar su contenido en carbono, reducir la erosión y la desertificación, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la biodiversidad ligada a los espacios agrícolas. No es retórica verde: el 60-70% de los suelos europeos están actualmente degradados, lo que supone un coste enorme intentar recuperarlos. Actuar ahora es, literalmente, más barato que remediar después.
En la Comunitat Valenciana, los ecorregímenes permiten gestionar más de 272.000 hectáreas con cerca de 28.000 beneficiarios, y movilizan en torno a 18 millones de euros anuales.
Apicultura, arrozales y razas autóctonas: el otro gran bloque
El segundo pilar de estas ayudas es el de agroambiente y clima, un conjunto de compromisos más específicos y de mayor calado que van desde la apicultura hasta la ganadería tradicional, pasando por uno de los ecosistemas más singulares del Mediterráneo.
Entre las actuaciones más llamativas figura el apoyo a la apicultura para la biodiversidad, que busca asentar colmenas en zonas estratégicas para la polinización. También se incluyen ayudas a la protección de la avifauna —respetando los períodos de nidificación de especies protegidas— y el mantenimiento de hábitats tradicionales como el cultivo del arroz en humedales protegidos, especialmente en el Parque Natural de l'Albufera. Que los arrozales del sur de Valencia sean a la vez campo de cultivo y refugio ecológico no es casualidad: es el resultado de décadas de coexistencia entre agricultura y naturaleza que estas ayudas tratan de preservar.
A este bloque se suman las ayudas a la agricultura ecológica —tanto para la conversión como para el mantenimiento de prácticas certificadas— y la conservación de razas autóctonas, con especial atención a la oveja guirra, una raza en peligro de extinción vinculada históricamente al territorio valenciano. Más de 81.300 hectáreas están acogidas a compromisos agroambientales en la Comunitat Valenciana, con más de 7.300 beneficiarios y un importe anual cercano a los 19 millones de euros.
Un modelo que cotiza al alza en Europa
El contexto europeo refuerza la relevancia de estas medidas. La nueva Directiva (UE) 2025/2360 sobre vigilancia y resiliencia del suelo, que entró en vigor en diciembre de 2025, exige la armonización de bases de datos y una monitorización sistemática que integre información sobre carbono, erosión, contaminación y biodiversidad. Las prácticas que hoy financia la Conselleria no son, por tanto, un gesto aislado: se enmarcan en una tendencia legislativa que avanza hacia una agricultura obligatoriamente más responsable con el entorno.
El director general Ángel Marhuenda ha subrayado que "la sostenibilidad es un elemento central del futuro del sector agrario valenciano". Una declaración que, vista la magnitud de los fondos movilizados y el número de productores implicados, empieza a tener los pies en la tierra —literalmente— de más de 353.000 hectáreas valencianas que ya producen de otra manera.