Pedir cita, coger el coche, esperar turno, entregar papeles. Esa cadena, tan familiar para quien haya tenido que liquidar un impuesto de herencia o formalizar la compra de un coche de segunda mano, podría convertirse en un recuerdo del pasado para miles de valencianos. El Consell ha aprobado un nuevo convenio de colaboración con el Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria y ha prorrogado otros tres acuerdos con el Colegio Oficial de Economistas de Albacete, el Colegio de Abogados de Sevilla y el Gremio de Asesores Fiscales, Contables y de Gestión Empresarial de España, con el objetivo de facilitar la tramitación completamente telemática de documentos tributarios ante la Agència Tributària Valenciana.
Una red profesional que cruza fronteras autonómicas
Que el Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria o el Colegio de Abogados de Sevilla firmen acuerdos con la hacienda valenciana puede llamar la atención a primera vista. Sin embargo, tiene una lógica muy concreta: muchos profesionales del asesoramiento fiscal y jurídico gestionan asuntos tributarios en comunidades autónomas distintas a la suya. Un abogado sevillano puede llevar la herencia de un cliente con bienes en Valencia; un gestor canario puede representar a contribuyentes ante distintas administraciones. Con estos convenios, la Generalitat Valenciana teje una red de colaboradores habilitados que trasciende su propio territorio, consolidando una estrategia que ya ha dado lugar a docenas de acuerdos similares con colegios de toda España en los últimos años.
La iniciativa se enmarca dentro de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, y cuenta con la mediación técnica de la Sociedad de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones y Certificación, SAU —conocida por sus siglas ISTEC—, que actúa como mediadora técnica para garantizar la seguridad y conectividad de los sistemas. No se trata, por tanto, de una simple firma de papeles: hay una arquitectura tecnológica detrás que asegura que cada intercambio de datos cumpla con los requisitos jurídicos y técnicos exigidos.
Menos viajes a Hacienda, más gestiones desde el despacho
La lógica detrás de estos acuerdos es sencilla pero su impacto es muy concreto: evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse físicamente a las dependencias de Hacienda para cumplir con sus obligaciones fiscales. En su lugar, los profesionales adheridos —economistas, gestores, abogados, asesores— podrán actuar como representantes de sus clientes y enviar toda la documentación necesaria a través de canales digitales certificados.
Los trámites que se verán directamente beneficiados son algunos de los más habituales en la vida de cualquier ciudadano: la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la compraventa de vehículos usados y el Impuesto sobre Sucesiones. Tres operaciones que, combinadas, afectan a cientos de miles de personas cada año y que, hasta ahora, podían requerir comparecencias presenciales o gestiones en papel.
Cómo funciona el sistema SAR@
El mecanismo concreto a través del cual se articulan estos convenios tiene nombre propio: el Sistema de Ayuda a la Recepción de Autoliquidaciones, conocido como SAR@. La principal ventaja del sistema SAR@ radica en que permite una tramitación más rápida y efectiva. A través de esta plataforma —o bien mediante la plataforma de tramitación electrónica de la Generalitat—, las personas colegiadas pueden presentar por vía telemática, en representación de terceros, las declaraciones, autoliquidaciones y demás documentos tributarios.
El sistema permite también la presentación e ingreso por lotes, la custodia electrónica de la documentación y el intercambio automatizado de información, garantizando el cumplimiento de los requisitos jurídicos y técnicos establecidos. En la práctica, esto significa que un asesor fiscal puede gestionar de forma simultánea un volumen elevado de expedientes sin necesidad de acudir físicamente a ninguna ventanilla, lo que representa una ventaja considerable tanto para el profesional como para el contribuyente.
Una apuesta sostenida por la Administración digital
El de hoy no es un convenio aislado, sino el último eslabón de una cadena que la Generalitat Valenciana ha ido tejiendo durante años. Estos convenios permiten consolidar una colaboración estable y permanente con los colectivos profesionales que actúan como grandes presentadores ante la Agencia Tributaria Valenciana, fomentando procedimientos normalizados y digitalizados. Colegios de Economistas, de Abogados, de Gestores Administrativos, de Graduados Sociales o Agrupaciones de Asesores Fiscales de lugares tan dispares como Galicia, el País Vasco, Castilla-La Mancha o las Islas Canarias forman ya parte de este ecosistema de colaboración tributaria digital.
En un contexto en el que la Administración electrónica avanza de forma imparable —impulsada también por normativa europea y estatal— la Comunitat Valenciana apuesta por un modelo en el que los profesionales que habitualmente realizan gestiones tributarias puedan disponer de mecanismos más ágiles para comunicarse con la administración y representar a terceras personas. El resultado, en el fondo, es una Hacienda más accesible: una en la que el ciudadano no tiene que ser experto en formularios ni en plazos, porque cuenta con profesionales habilitados que pueden hacer ese trabajo de forma segura, rápida y sin que nadie tenga que salir de casa.