La Generalitat ha puesto en marcha un plan de respuesta económica de 421,26 millones de euros con el que pretende proteger a familias, autónomos y empresas de la Comunitat Valenciana frente al impacto derivado de la Guerra de Irán. Se trata de un paquete formado por 27 medidas que combinan ayudas directas, rebajas fiscales y financiación para intentar amortiguar la presión sobre los precios y la actividad económica.
El anuncio lo ha realizado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, en la que han participado la patronal CEV, CCOO-PV y UGT-PV. El Consell ha acordado que este plan se someterá a un seguimiento continuo a través de una comisión específica en la que estarán presentes el Gobierno autonómico, sindicatos y empresarios, con el objetivo de ir adaptando las medidas a la evolución del conflicto.
El volumen total de recursos movilizados asciende a 421,26 millones de euros, a los que se añaden 97,2 millones en deducciones del IRPF. Dentro de esa cifra global se incluyen 137,96 millones destinados a ayudas directas e indirectas, 153,3 millones vinculados a rebajas fiscales y 130 millones en forma de préstamos bonificados, además del impacto adicional de 153,29 millones asociado a reducciones de impuestos estatales como el IVA, los hidrocarburos o la electricidad.
Una de las medidas más destacadas es el apoyo a las familias con hipoteca variable, a las que se les compensará durante tres meses el incremento de intereses con una ayuda media de unos 180 euros por préstamo, siempre que se trate de vivienda habitual y se cumplan los límites de renta fijados. En paralelo, el plan refuerza la política de vivienda con nuevas ayudas al alquiler y cambios en los módulos de vivienda de protección pública para facilitar la construcción de nuevas promociones.
El impacto social del plan también se deja sentir en el refuerzo de la atención a colectivos vulnerables, con más recursos para familias acogedoras y transferencias adicionales a los ayuntamientos. En el ámbito del transporte público, la Generalitat ha optado por congelar las tarifas mientras impulsa la renovación de flotas de transporte por carretera, con una inversión específica destinada a mejorar el servicio sin trasladar el incremento de costes a los usuarios.
El tejido productivo también ocupa un papel central en la estrategia. Se activan ayudas específicas para autónomos destinadas a compensar el encarecimiento energético y una línea de financiación bonificada a través del Institut Valencià de Finances dotada con 100 millones de euros para empresas afectadas por la subida de precios. A ello se suman programas de impulso empresarial e internacionalización y una línea específica de apoyo al sector primario, que abarca agricultura, ganadería, pesca y agroalimentación.
El plan se completa con actuaciones de eficiencia energética y una línea de apoyo a los ayuntamientos, en un contexto en el que el Consell insiste en la necesidad de sostener la actividad económica y la cohesión social mientras dure la incertidumbre internacional.