La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, asiste este martes en Palma de Mallorca a una reunión institucional de los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Navarra e Islas Baleares, en la que expondrá el anteproyecto de la ley de Renta Valenciana de Inclusión y el nuevo de modelo de servicios sociales, entre otras cuestiones en materia social.
La vicepresidenta mantendrá una reunión con el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, y con la consellera de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares, Fina Santiago, en el que se analizarán y compartirán las diferentes iniciativas, problemáticas y acciones que se han puesto en marcha en las tres comunidades autónomas después de casi dos años de gestión.
Durante el encuentro, la vicepresidenta explicará las principales novedades que contempla el anteproyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión, aprobado por el pleno del Consell el pasado mes de marzo y que sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía.
El objetivo de este anteproyecto es ofrecer una respuesta digna y de justicia a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización que han producido un alarmante incremento de la exclusión social y un debilitamiento de la cohesión social en la Comunitat Valenciana, de manera que sea un instrumento que realmente permita a las personas rehacer su proyecto de vida.
Esta nueva renta social podrá tener carácter indefinido cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo, y ampliará los requisitos para poder demandarla.
El anteproyecto de ley también prevé la creación de distintos tipos de renta, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.
De esta forma, el importe de esta será de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera. En este último caso si el solicitante renuncia voluntariamente a realizar el itinerario, podrá mantener la ayuda pero se reducirá hasta los 266 euros.
Asimismo, la nueva ley flexibiliza los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales. Además, exige únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, y amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
En este marco de dar a conocer la nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión, la vicepresidenta del Consell ha mantenido hoy una reunión con representantes del Comité Económico y Social (CES), en la que les ha explicado el contenido del anteproyecto, que también ha sido presentado a los diferentes grupos parlamentarios.
Nuevo modelo de Servicios Sociales
Asimismo, la vicepresidenta explicará la "apuesta del Govern del Botànic por un modelo de servicios sociales donde el municipalismo sea el instrumento para fomentar políticas de proximidad y donde los equipos de base puedan trabajar desde la prevención, con el objetivo de rescatar personas y ofrecer la atención social que por derecho les corresponde".El nuevo modelo elaborado por la Conselleria de Igualdad está basado en la "remunicipalización" de los servicios sociales a través de la atención base, y cuenta con una estructura que eliminará la excesiva burocracia y permitirá planificar, ordenar y corregir la falta de gestión en esta área de las últimas legislaturas.
Con un incremento presupuestario del 118% respecto a 2016, la conselleria ha destinado este año un total de 36,6 millones de euros para el fortalecimiento de los servicios sociales municipales, lo que permite a los ayuntamientos aumentar las contrataciones de personal, pudiendo pasar de los 352 profesionales con los que se contaba hace dos años a los cerca de 1.400 que podrían formar parte de los equipos sociales municipales.