Reclamar una factura de teléfono mal cobrada, entender la letra pequeña de un contrato bancario o saber cómo actuar ante una compra online que salió mal. Gestiones cotidianas que en una ciudad grande tienen solución a la vuelta de la esquina, pero que en un municipio rural pueden convertirse en un callejón sin salida. La Diputació de València ha decidido atajar esta desigualdad destinando 50.000 euros a llevar asesoramiento jurídico gratuito en materia de consumo a 25 pueblos de la provincia.
Un servicio que el rural necesitaba
La iniciativa se articula a través de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores TYRIUS, entidad con presencia en el territorio valenciano, que pondrá en marcha Oficinas de Asesoramiento Jurídico itinerantes. El modelo es sencillo pero eficaz: atención presencial una vez al mes, durante cuatro horas en horario de mañana, generalmente de 9.30 a 13.30 horas. A eso se suma la posibilidad de acceder al servicio por teléfono o por vía telemática, lo que amplía el alcance más allá de los días de visita.
El contexto no es menor. Las personas sin acceso a servicios especializados se ven obligadas a desplazarse constantemente para realizar gestiones básicas, lo que supone tiempo, dinero y esfuerzo adicionales que agravan su situación de desventaja. En el caso del asesoramiento en consumo, esa barrera ha sido históricamente invisible: no es una urgencia médica, no corta el suministro de agua, pero acaba afectando al bolsillo y a los derechos de miles de vecinos.
"Vivir en un municipio pequeño no puede suponer tener menos posibilidades de conocer y defender nuestros derechos como consumidores" - Avelino Mascarell, diputado de Desarrollo Territorial Sostenible de la Diputació de València
Tres líneas de acción: formación, asesoramiento y reclamaciones
El proyecto no se limita a resolver dudas puntuales. Su diseño contempla tres ejes de actuación complementarios. El primero es la formación en consumo, tanto presencial como en formato online, con contenidos sobre servicios bancarios, seguros, telefonía, transporte o servicios públicos, ámbitos donde la confusión y los abusos son más frecuentes. El segundo eje es el asesoramiento individualizado: acompañar a los vecinos antes y durante la contratación de productos o servicios, y también cuando algo sale mal después de la firma.
El tercer eje es quizás el más concreto: el personal técnico de TYRIUS prestará apoyo directo para tramitar reclamaciones, quejas y denuncias cuando se hayan podido vulnerar los derechos económicos, de seguridad o de salud de los consumidores. Una factura inflada, un producto defectuoso, una práctica comercial engañosa: situaciones ante las que muchos vecinos no saben exactamente qué hacer ni a quién acudir.
Entre las consultas más frecuentes que el proyecto prevé atender figuran problemas con suministros y servicios públicos, compras por internet, contratos y facturas, servicios bancarios, garantías y devoluciones, viajes y transporte, cobros incorrectos y posibles fraudes.
Atención especial a los más vulnerables
La iniciativa pone el foco en quienes más lo necesitan. La brecha en el acceso a servicios e información afecta principalmente a jóvenes, mayores, desempleados y mujeres. Consciente de ello, el proyecto presta una atención especial a las mujeres, a las personas mayores de 65 años y a otros consumidores especialmente vulnerables. Para estos colectivos, disponer de información comprensible y asesoramiento profesional puede marcar la diferencia ante determinadas prácticas comerciales o posibles fraudes.
"Con este proyecto acercamos a los pueblos un servicio especializado que resulta especialmente útil en cuestiones que forman parte de la vida cotidiana, desde una factura de teléfono o un contrato bancario hasta una compra por internet o una reclamación" - Avelino Mascarell, diputado de Desarrollo Territorial Sostenible de la Diputació de València
Los 25 municipios beneficiados
La atención presencial llegará a los siguientes municipios de la provincia de València:
- Algimia de Alfara
- Anna
- Aielo de Malferit
- Ayora
- Benicull de Xúquer
- Benimodo
- Casinos
- Chelva
- Cofrentes
- Fortaleny
- Gilet
- Guadassuar
- Jalance
- l'Olleria
- La Llosa de Ranes
- Llutxent
- Macastre
- Pedralba
- Sellent
- Siete Aguas
- Sollana
- Teresa de Cofrentes
- Tous
- Tuéjar
- Zarra
En el caso de Jalance y Teresa de Cofrentes, la atención presencial se alternará por meses al compartir recursos. En todos los demás, la visita será mensual y fija. Más allá de los datos concretos, lo que este programa representa es una apuesta por la igualdad de derechos en el territorio: la convicción de que el código postal no debería determinar si un ciudadano puede o no defender sus intereses como consumidor. Sin acceso a servicios especializados, vivir en un municipio pequeño supone asumir una desventaja estructural; y esa brecha de servicios es, en definitiva, una brecha de derechos. La Diputació de València, con este paso, trata de cerrarla un poco más.