La memoria democrática sigue siendo, demasiadas veces, una moneda de cambio político. Esa fue, en esencia, la advertencia que lanzó Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable del área de Memoria Democrática, durante su intervención en el Colegio de México, en Ciudad de México. Lo hizo ante un auditorio académico y político reunido para clausurar las jornadas 'Del refugio español republicano a las expulsiones contemporáneas: Exilios, memoria democrática y movilidades forzadas', un encuentro de tres días que puso sobre la mesa uno de los debates más persistentes de la España contemporánea.
Una herramienta institucional, no un arma electoral
El argumento central de Enguix fue tan claro como polémico: las políticas de memoria no pueden quedar a merced de los ciclos electorales. Para ilustrarlo, recurrió a un paralelismo elocuente: las políticas de igualdad. Nadie discute hoy que la igualdad entre hombres y mujeres sea un compromiso institucional más allá del partido que ocupe el gobierno. La responsable provincial reclamó el mismo estatus para la memoria.
"Las políticas de igualdad son políticas institucionales, y ese salto creo que es el que falta en las políticas de memoria democrática" - Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputació de València
La reflexión no es menor si se tiene en cuenta que la propia Ley de Memoria Democrática española —aprobada en octubre de 2022— ha sido objeto de una fuerte disputa partidista desde su nacimiento. El entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunció que en cuanto llegara al gobierno derogaría la ley "mal llamada" de Memoria Democrática. Un ejemplo perfecto, precisamente, del escenario que Enguix denuncia: políticas que dependen de quién mande, en lugar de consolidarse como compromisos de Estado.
Enguix fue directa al señalar que existe todavía "un uso partidista de la memoria" y que eso supone "un flaco favor que le estamos haciendo a la memoria democrática", porque estas políticas pueden acabar utilizándose para dividir a la sociedad en lugar de cohesionarla. Frente a esa tentación, la vicepresidenta defendió que la memoria democrática "es una obligación moral que debe formar parte de las instituciones, no tanto de los partidos políticos".
Las familias guardaron la llama que las instituciones tardaron en encender
Hay algo que Enguix subrayó con especial énfasis: las familias nunca dejaron de recordar. Fueron ellas quienes mantuvieron viva la memoria de lo ocurrido durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en voz baja, en sobremesas privadas, en cajas de fotografías guardadas en armarios. Fueron las instituciones las que tardaron décadas en incorporar esas historias a las políticas públicas. En ese sentido, la vicepresidenta definió la memoria democrática como una herramienta para "entender qué pasó en nuestro país, qué hechos sucedieron, reconocerlos y preguntarnos por qué sucedieron". El objetivo, añadió, no es otro que recuperar "esas historias de vida y familiares que quedaron en el olvido, en los silencios".
El foro en el que Enguix pronunció estas palabras no era casual. México fue el principal país de acogida del exilio republicano español tras la victoria franquista en 1939. A mediados de 2018 se retomaron las políticas públicas en favor del reconocimiento de la memoria histórica en el ámbito estatal, en homenaje y recuerdo a cerca de medio millón de compatriotas que tuvieron que tomar el camino del exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura franquista. Hablar de memoria en México, ante investigadoras como Eugenia Allier (UNAM) y Mónica Acosta (Universidad Iberoamericana), no es solo un ejercicio académico: es cerrar un círculo histórico.
Sin dinero, no hay memoria
El discurso de Enguix no se quedó en lo filosófico. Fue también contundente en lo económico: sin financiación, estas políticas no existen. Y para demostrarlo, ofreció datos concretos de la Diputació de València. Desde 2023, el presupuesto destinado a memoria democrática en la institución provincial ha alcanzado los dos millones de euros anuales. A esa cifra se suma una inversión acumulada de más de 4,5 millones de euros destinada desde 2015 a la exhumación de víctimas de la represión franquista.
"Sin financiación es difícil que todo esto vea la luz" - Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputació de València
Esos recursos sostienen iniciativas concretas que van más allá de los actos conmemorativos. Entre ellas, el programa La Memòria a l'Escola, que lleva talleres y actividades sobre memoria democrática a los centros educativos, y el premio de literatura de no ficción María la Jabalina, pensado para recuperar y difundir historias vinculadas a la represión franquista. La institución impulsa también proyectos de documentación y recuperación de testimonios que, durante décadas, permanecieron encerrados en el ámbito familiar.
¿Cómo llegar a los jóvenes sin que todo se convierta en una conmemoración?
Uno de los momentos más reveladores de la intervención fue cuando Enguix planteó abiertamente la pregunta que muchos responsables de políticas culturales evitan: "¿Cómo llegamos a la sociedad y cómo no convertimos las políticas de memoria democrática solo en conmemoraciones?" La respuesta que ella misma ofreció fue tan sencilla como exigente: llegando a la gente joven. No con discursos ni placas conmemorativas, sino con herramientas didácticas reales que permitan trabajar estos contenidos en las aulas.
En esa misma línea, la investigadora de la UNAM Eugenia Allier cuestionó la existencia de una memoria única y planteó que las memorias públicas pueden construirse desde diferentes narrativas. Por su parte, Mónica Acosta, de la Universidad Iberoamericana, incidió en el papel de la educación para conectar las experiencias de violencia y resistencia del pasado con las realidades del presente. Enguix coincidió: "hay muchas memorias, no solo hay una memoria", y apuntó que el concepto de memoria democrática precisamente permite visibilizar lo que durante años permaneció invisible.
Lo que quedó en el aire —y quizás ese era el propósito— es si España está realmente dispuesta a dar ese salto: convertir la memoria en una política de Estado con la misma solidez institucional que la sanidad o la educación. Con el siglo XXI se abrió una nueva fase en las políticas de memoria que conecta, aunque de manera paulatina, la memoria democrática en España con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, plasmado en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El camino está trazado. La pregunta es si habrá voluntad política para recorrerlo con independencia de quién ocupe el gobierno.