El Pleno del Consell ha autorizado hoy la licitación del contrato para la ejecución de las obras de construcción del nuevo palacio de Justicia de Alzira por un importe de 19.855.848,44 euros (IVA incluido).
Los detalles del concurso se publicarán en la plataforma de contratos públicos del Estado para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas. La previsión es que las obras se inicien tras el verano y se desarrollen a lo largo de 24 meses.
La nueva sede judicial será un edificio de 10.000 metros cuadrados que se levantará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Alzira al final de la avenida Luis Súñer. Contará con cinco plantas y un sótano garaje con 112 plazas de aparcamiento, 41 salas y 49 despachos. Albergará los siete juzgados con los que cuenta ahora mismo el partido judicial y hay espacio suficiente para otros dos.
En la primera planta estará el Registro Civil, el salón de bodas, salas de vistas con espacios separados para detenidos y víctimas, el juzgado de guardia con acceso independiente y los espacios para abogados y procuradores. En el resto de las plantas, se ubicarán la Fiscalía, la Oficina de Asistencia a las Víctimas, el Instituto de Medicina Legal, la Unidad de Valoración Forense con cámara Gesell y la Unidad de Valoración Integral Forense (UVFI).
Con el nuevo edificio se acabará con la dispersión de las sedes judiciales de Alzira, cuyos juzgados se reparten en tres sedes: la principal, ubicada en la Ronda d'Algemesí 13, es propiedad de la Generalitat y acoge tres juzgados, así como el Registro Civil, la Oficina de Víctimas y la UVFI.
En el edificio de la Plaça del Sufragi (propiedad del Ayuntamiento) están los otros cuatro más el servicio común, el Instituto de Medicina Legal y el Gabinete Psicosocial. Por último, la Fiscalía se ubica en el edificio de la calle Capella y es un local alquilado a un particular.
Esta obra forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana, que contempla la inversión de 213 millones de euros para la intervención en más de un tercio del parque inmobiliario judicial de la Comunitat Valenciana.