El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha condenado al Ayuntamiento del Puig de Santa María a pagar 2.962.764,07 euros a la empresa Construcciones Urbanas Teresa S.L.U. La sentencia resuelve un recurso de segunda instancia en el que le da parcialmente la razón a la empresa demandante y obliga al Ayuntamiento a indemnizarla por daño emergente.
Para contemplar la posible ejecución de la sentencia, el Equipo de Gobierno se ha visto obligado a añadir por ley la previsión de gasto en los presupuestos municipales de 2019. La modificación tuvo lugar en el pleno municipal celebrado el pasado jueves 31 de enero con la voto favorable de PSOE, PP y Compromís.
Desde el Equipo de Gobierno de la alcaldesa Luisa Salvador, formado por PSPV y Compromís, se señala que "no compartimos las argumentaciones en base a las cuales se ha producido la estimación parcial de la sentencia, por lo que seguiremos defendiendo el interés general de los habitantes del pueblo por los cauces legales que procedan. Esto no evita que, ante la previsión de tener que cumplirla, nos hayamos visto obligados a modificar los presupuestos generales de 2019 para incluir en ellos este gasto tan enorme que, en el caso de no tener más remedio que hacerlo efectivo, infringiría un daño considerable”.
“Si el PP no hubiera cometido esta pifia tan típica de su manera de gobernar, hoy no estaríamos ante esta situación tan dañina para los intereses de la ciudadanía”, añaden.
El origen del litigio se remonta al año 2002. En aquel momento la corporación, encabezada por la alcaldesa María Alfonsa Vázquez, del Partido Popular, decidió vender mediante subasta a Construcciones Urbanas Teresa S.L.U. una parcela en la playa incluida en un área pendiente de desarrollo y urbanización y le otorgó una licencia urbanística para actuar en dicho terreno.
Más adelante, en 2004, el alcalde socialista Joan Francesc Garcia anuló la licencia tras comprobar que contemplaba una volumetría mayor a la permitida. La empresa recurrió la decisión ante los tribunales y un juez dictó una sentencia respaldando la decisión de la corporación local.
Pero en 2009, siendo alcalde José Miguel Tolosa, del Partido Popular, volvió a conceder una licencia urbanística a Construcciones Urbanas Teresa S.L.U. por la misma parcela.
Tres años más tarde, en 2012, en pleno auge de los efectos de la explosión de la burbuja inmobiliaria, la empresa renunció a su proyecto urbanístico argumentando que la parcela tenía una servidumbre por parte de una línea de media tensión que le impedía llevarlo a cabo. Interpretando que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el Partido Popular, era a quien le hubiera correspondido eliminar dicha servidumbre, y no a ella como adjudicataria o a la propietaria de la línea de media tensión, Construcciones Urbanas Teresa S.L.U. acudió a los tribunales para demandarlo y reclamarle una cantidad millonaria de dinero por daños y lucro cesante.
Tras varias sentencias en las que se desestimaba la petición de la parte demandante, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana finalmente le ha dado parcialmente la razón a Construcciones Urbanas Teresa S.L.U. y condena al Ayuntamiento a indemnizarla con el pago de 2.962.764,07 euros.