Hay historias que la tierra guarda durante décadas y que solo la ciencia puede desenterrar del todo. En el cementerio de Alzira, capital de la Ribera Alta valenciana, los restos de 211 personas fusiladas o muertas en prisión entre 1939 y 1940 llevan más de ochenta años esperando recuperar su nombre. La Diputación de Valencia acaba de completar un ciclo de inversión de más de 300.000 euros que, a través de pruebas de ADN, podría poner fin a décadas de búsqueda para unas treinta familias que aún no saben qué fue exactamente de sus antepasados.
Un panteón, cincuenta bolsas y un puzle imposible
Para entender la magnitud del reto científico que afronta el Fossar d'Alzira —la asociación de familiares de las víctimas que impulsa el proyecto—, hay que retroceder a los años de la Transición. Los enterradores de la época, bajo las órdenes del primer alcalde democrático de Alzira tras la dictadura, Paco Blasco, sacaron a los represaliados de debajo de la tierra con una pala y los colocaron bajo el primer monumento memorialista del País Valencià. El gesto fue valiente para su tiempo, pero las consecuencias técnicas resultaron devastadoras: los restos de dos centenares de personas acabaron repartidos en 50 bolsas de plástico.
Los huesos de dos centenares de personas se encontraban desmontados y todos mezclados como si fueran "las piezas de un rompecabezas" que alguien puso en bolsas en las que podías encontrar tres cráneos, siete fémures y varias costillas. El deterioro progresivo de la estructura y las deficiencias en impermeabilización habían puesto en riesgo la conservación de los restos. Un escenario que el arqueólogo forense Javier Iglesias, de la empresa especializada Arqueoantro, llegó a calificar como el procedimiento de recuperación más multitudinario y complejo que había visto jamás.
El proyecto contempló la demolición y adaptación del mausoleo, la recuperación e individualización de los restos óseos y, posteriormente, la identificación genética mediante pruebas de ADN, con el objetivo de devolver nombre y dignidad al mayor número posible de víctimas.
Más de 300.000 euros en tres años de inversión provincial
La delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia, liderada por la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha articulado su apoyo en tres tramos distintos a lo largo de los últimos años. El primero llegó en 2023, con un convenio de 109.000 euros destinado a la extracción de los restos del memorial y la posterior reconstrucción e individualización de los cuerpos, una fase que resultó tan exigente que la asociación tuvo que renunciar a la financiación autonómica para poder completarla. A esa cantidad se sumaron otros 30.000 euros entre 2024 y 2025 para la rehabilitación del panteón. El panteón de la ciudad de la Ribera Alta está considerado el primero que se construyó en España para rehabilitar la memoria de algunos de los republicanos represaliados por el franquismo.
La tercera y última fase llegó en septiembre de 2025: la Diputación consignó un total de 55.870,90 euros en el presupuesto de 2026 para culminar el proyecto de intervención forense e identificación genética de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista exhumados del mausoleo del cementerio de Alzira. En total, la subvención de 185.000 euros para la identificación se ha distribuido en dos anualidades: la corporación ha aprobado ya la justificación de los 129.000 euros invertidos el año pasado en el proceso genético y ha ordenado el pago de los 56.000 euros asignados a 2026.
"La actuación en el cementerio de Alzira es una de las más singulares y ambiciosas emprendidas por la Diputación" - Natàlia Enguix, vicepresidenta y delegada de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia
Una represión que se extendió por toda la comarca
Entre el 1 de mayo de 1939 y el 29 de abril de 1940, el franquismo ejecutó en Alzira a más de 200 personas. Aunque los grandes focos de la represión en la Comunitat Valenciana se concentraron en Paterna, Alicante y Castellón, las cabezas de comarca como Alzira, Sueca, Llíria o Gandia, que contaban con prisiones propias, también registraron un número considerable de fusilamientos con un claro carácter ejemplarizante para la población local.
Numerosos familiares de las víctimas procedentes de diferentes localidades, como Algemesí, València, Guadassuar o Simat, han participado activamente en el proceso. Y es que las víctimas del Fossar d'Alzira no son solo de la capital de la Ribera Alta: entre los restos hay también vecinos de Carcaixent y Guadassuar, nueve de Simat de la Valldigna, uno de Denia y uno de Cheste, además de nueve de origen aún desconocido.
El ADN como última esperanza
Actualmente, más de 200 muestras de restos esqueléticos han sido remitidas al laboratorio de Antropología forense, junto a muestras biológicas aportadas por familiares que sirven como referencia para los cotejos de parentesco. Una treintena de familias aguarda los resultados de unas pruebas que, por primera vez en décadas, podrían darles una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió con sus abuelos o bisabuelos.
La vicepresidenta Natàlia Enguix ha subrayado que la inversión total "demuestra la implicación de esta institución con la memoria y los colectivos memorialistas", y ha expresado su esperanza en que la identificación de las víctimas "ponga fin a procesos de búsqueda que llevan abiertos más de 80 años, pudiendo reconstruir las historias familiares interrumpidas por la dictadura". Detrás de cada muestra de ADN hay una historia como la de Federico Benavent, que escribió a sus padres unas horas antes de ser fusilado junto a su cuñado y dos hombres más del Pla de Corrals, una pedanía de Simat de la Valldigna. Decenas de familias llevan generaciones buscando ese cierre. La ciencia, con décadas de retraso, intenta por fin dárselo.