Pagar el agua no debería ser un lujo. Y, sin embargo, para miles de familias españolas la factura del suministro básico se convierte mes a mes en un motivo de angustia. Conscientes de esa realidad, los grupos políticos del Ayuntamiento de Sagunto han dado un paso poco habitual en los tiempos que corren: ponerse de acuerdo. La Corporación Municipal aprobó por unanimidad en el pleno ordinario de septiembre de 2026 reforzar y ampliar los mecanismos de protección social aplicables a las tarifas de agua y alcantarillado del municipio valenciano.
Un escudo social para el recibo del agua
El acuerdo, impulsado por el Partido Popular y defendido por su concejal Ximo Catalán, no nació en el vacío. El PP ya había puesto el foco en esta cuestión durante el periodo de alegaciones a la modificación de la ordenanza, reclamando específicamente que la nueva tarifa de inversiones incorporase medidas de protección social para evitar que las nuevas cargas afectasen de manera desproporcionada a quienes cuentan con una menor capacidad económica. La moción llegó al pleno de septiembre y salió reforzada: EU-Unides Podem presentó una enmienda que fue aceptada, añadiendo un cuarto acuerdo para que la propuesta de ampliación de bonificaciones se elabore en coordinación con el departamento de Servicios Sociales y se someta a debate en la Comisión de Derechos Sociales.
Se prestará especial atención a las familias numerosas, familias monoparentales, jóvenes menores de 35 años, personas con discapacidad o en situación de dependencia, mujeres en situación de especial vulnerabilidad, incluidas las víctimas de violencia de género, y personas o unidades familiares que acrediten una situación de especial vulnerabilidad económica.
Las familias numerosas y monoparentales soportan mayores cargas derivadas del mantenimiento y cuidado de sus hogares, mientras que muchos jóvenes menores de 35 años encuentran serias dificultades para emanciparse debido al coste de la vivienda y de los suministros básicos. Incluirlos en el sistema de tarifas sociales del agua no es solo un gesto simbólico: puede marcar la diferencia entre quedarse o irse.
Hasta el 50% de descuento en la factura
Se acordó estudiar la aplicación de una bonificación de hasta el 50% de la factura para los colectivos incorporados al sistema de protección social, en las condiciones que se determinen mediante los correspondientes informes técnicos y económicos. La medida, eso sí, irá vinculada a la vivienda habitual y a criterios de consumo responsable: no se trata de bonificar el despilfarro, sino de garantizar el acceso digno al agua en los hogares que más lo necesitan.
Igualmente, el consistorio se compromete a garantizar que las medidas de protección actualmente vigentes para pensionistas y personas en situación de vulnerabilidad no solo se mantengan, sino que queden a salvo del impacto de la nueva tarifa de inversiones aprobada el pasado agosto.
El contexto: una nueva carga que llegará en octubre
La unanimidad del pleno de septiembre contrasta con la crispación que rodeó el pleno anterior. El acuerdo de agosto no salió adelante con un amplio respaldo político: solo el PSOE votó a favor, mientras que EU-Unides Podem se abstuvo y los grupos del PP, IP, Vox y Compromís per Sagunt votaron en contra. Con los votos del PSOE y la abstención de IU, quedó aprobada la modificación de la ordenanza local del servicio de agua y alcantarillado, y con ella la nueva tarifa de inversiones que se cargará en el recibo trimestral.
La tarifa de inversiones ya estuvo vigente por una decisión plenaria del 27 de diciembre de 2011 durante un periodo de diez años, lo que, según el texto aprobado, dio un resultado satisfactorio en cuanto a las inversiones realizadas. Ahora regresa con vocación de financiar la modernización de infraestructuras del ciclo integral del agua. Para contadores de hasta 15 mm y un caudal de hasta 2,5 m³/h se pagarían 3,955 euros por contador y mes. Una cifra que, sumada al resto de la factura y aplicada desde octubre de 2026, justifica la urgencia de articular contrapartidas sociales.
El Ayuntamiento de Sagunto presta el servicio del ciclo integral del agua a través de una concesión a la empresa mixta Aigües de Sagunt desde 2009. Es precisamente a esta empresa a quien corresponderá, junto al ayuntamiento, desarrollar los nuevos mecanismos de protección social que el pleno ha acordado poner en marcha de forma progresiva.
Sostenibilidad y justicia social, juntas
La moción aprobada recoge que "el agua es un servicio esencial para cualquier hogar y garantizar su acceso en condiciones asequibles debe formar parte de las políticas municipales", con el objetivo de proteger a las familias, favorecer la cohesión social y atender las diferentes realidades económicas de la ciudadanía. No es retórica vacía: la propia proposición advierte que la política tarifaria debe ir acompañada de mecanismos adecuados de protección social.
La clave del acuerdo es que demuestra que ampliar la protección social es compatible con garantizar la sostenibilidad económica del servicio. Dicho de otro modo: que el agua puede financiar su propia mejora sin que esa factura recaiga desproporcionadamente sobre quienes menos tienen. Si los informes técnicos y económicos que se elaborarán en los próximos meses confirman la viabilidad de las bonificaciones, Sagunto podría convertirse en un ejemplo de cómo diseñar tarifas de agua que sean, a un tiempo, modernas, justas e inclusivas.