Alboraya aumentará la protección en la infancia y adolescencia en situación de riesgo con un nuevo reglamento

El Pleno Municipal de Alboraya ha acordado por unanimidad la creación de un nuevo reglamento que aborde una mayor protección para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. La medida supone un gran paso adelante en esta materia, permitiendo la creación de una comisión técnica para trabajar de forma individualizada con técnicos de servicios sociales, de educación, de la Policía Local y otros servicios.

El objetivo del nuevo reglamento es establecer el procedimiento para la detección, valoración, intervención y, en caso de ser necesario, declaración y cese de la situación de riesgo de niños, niñas y adolescentes. Fomentando también la actuación coordinada de todos los y las agentes implicados en el procedimiento de protección de la persona menor de edad, y regulando las actuaciones y el procedimiento municipal que ha de realizarse para efectuar las declaraciones de situaciones de riesgo. Todo ello conforme a la normativa actual en materia de protección a la infancia y adolescencia, con el objetivo de proteger a la infancia y evitar situaciones de desamparo.

El segundo punto del día no tuvo tanta suerte, ya que con los apoyos de PSOE y Compromís y las abstenciones de Izquierda Unida, Partido Popular, Alboraya Actúa y Vox, no consiguió salir adelante la aceptación de la deuda de CRIDA por el Ayuntamiento y su posterior disolución. El Centro de Respuesta Integral de Alboraya, creada en el año 2009 bajo el gobierno popular de Manuel Álvaro, se encargaba de la limpieza y mantenimiento de las vías públicas "y en poco tiempo generó deudas económicas", tal y como explicaron durante la sesión diversos agentes como el alcalde, Miguel Chavarría, o una de las liquidadoras, Àngels Benlloch.

La falta de apoyos no pone fin a 10 años de proceso técnico en el que secretaría, intervención y liquidadores asignados por la Junta General de CRIDA han estado trabajando para cerrar la hermana de EGUSA. De esta manera, continúa la deuda de 866.562 euros, que el Equipo de Gobierno pretendía asumir "a través del remanente de tesorería en una oportunidad única acorde a las leyes fiscales tras la pandemia COVID-19 que nos estaba dejando invertir nuestros ahorros más allá de la deuda viva con los bancos", explica la portavoz del PSOE, Ana Bru.