Nueva jornada de protestas en Valencia en defensa del campo valenciano. Las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana – AVA-ASAJA, La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos – con el apoyo de Cooperativas Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, han convocado para este jueves, día 29 de enero, una tractorada y manifestación que tomará las calles de Valencia a partir de las 10:00 horas.
El objetivo de esta manifestación agraria no es otro que protestar contra “los acuerdos y las políticas que asfixian al campo”, como el tratado con Mercosur – un acuerdo comercial de la Unión Europea firmados sin reciprocidad – los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), el exceso de burocracia y aquellas políticas que, en definitiva, “amenazan el futuro del campo y la alimentación europea”.
Por este motivo, han hecho un llamamiento para que se sumen a esta movilización productores, empresas auxiliares, entidades de la sociedad civil y consumidores porque, como señalan desde las entidades organizadoras, estas políticas nos afectan como sociedad.
“No es un acto solo de agricultores. Está en juego la competitividad y viabilidad de quienes producen los alimentos que comemos todos los días, que generan un motor económico tan importante como es el agroalimentario en términos de empleo y riqueza, y que mantienen un manto verde que no se quema. Está en juego una Europa que no dependa de los alimentos de fuera, que son menos seguros, más contaminantes y, a largo plazo, más caros. Está en juego, en un entorno de inestabilidad internacional, nuestra elección como pueblo entre tener soberanía o incertidumbre alimentaria”, ha advertido.
El ‘superjueves’ del campo español
La manifestación – tractorada de este jueves en Valencia arrancará a las 10:00 horas desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (Avenida Blasco Ibáñez, 48) para “reivindicar una solución justa para los agricultores afectados por la DANA” de octubre de 2024; y continuará por las Torres de Serrano para concluir ante la Delegación de Gobierno donde se producirán los distintos parlamentos.
Esta protesta se enmarca dentro de una semana de movilizaciones agrarias que ha tenido lugar por todo el país, pero que se concentra en este jueves 29, día en el que se producirán el mayor número de acciones. Tanto es así que este jueves ha sido bautizado como el ‘superjueves del campo español’.
Las principales reivindicaciones del campo valenciano
Las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana se movilizan hoy para trasladar un amplio bloque de reivindicaciones en defensa del sector agrario. Entre las demandas centrales destaca el rechazo a la propuesta actual del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que consideran perjudicial para los agricultores y ganaderos europeos. Las organizaciones reclaman la paralización del proceso hasta que se realice un estudio de impacto serio, objetivo y creíble que analice con detalle las consecuencias reales de este acuerdo sobre el tejido productivo agrario. Del mismo modo, exigen que se garantice una reciprocidad efectiva en las condiciones de producción, la inclusión de cláusulas de salvaguardia verdaderamente eficaces y un modelo comercial que complemente, y no sustituya ni debilite, la producción europea. En esta misma línea, las entidades agrarias reclaman revisar los acuerdos comerciales ya firmados y los que se negocian con terceros países, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica, al considerar que generan una competencia desleal.
El sector agrario también manifiesta su oposición a la propuesta de la Comisión Europea sobre el próximo Marco Financiero Plurianual y la Política Agraria Común posterior a 2027. Denuncian que el planteamiento actual supone la desaparición de la PAC como política específica al integrarla en un fondo único, lo que pone en riesgo su carácter estratégico. Además, alertan del recorte presupuestario previsto, cercano al 22%, de la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC, del incremento de la carga burocrática y de una preocupante tendencia hacia la renacionalización de los fondos, lo que podría generar desigualdades entre Estados miembros.
Otra de las reivindicaciones históricas que se pone sobre la mesa es la necesidad urgente de simplificar la normativa agraria, ofrecer mayor seguridad jurídica y adaptar las regulaciones a la realidad del campo, evitando pérdidas de competitividad. En este contexto, las organizaciones exigen que el cuaderno digital de explotación sea voluntario de forma indefinida y que las políticas del Gobierno español prioricen la actividad agraria frente a normativas medioambientales excesivamente restrictivas, siempre basándose en criterios científicos. Asimismo, solicitan sustituir la actual Ley de Restauración de la Naturaleza por una Ley de Restauración de la Agricultura que tenga en cuenta la función productiva del campo.
Entre las medidas concretas que se reclaman también figuran el refuerzo y la armonización de los controles fitosanitarios en los puertos de entrada, el aumento de las inspecciones en origen, la aplicación rigurosa del tratamiento en frío y, en caso de reiterados incumplimientos, la suspensión de las exportaciones a la Unión Europea. Además, se exige una nueva política hidrológica que contemple infraestructuras para almacenar y distribuir agua, una revisión de los caudales ecológicos y una apuesta decidida por la reutilización de aguas depuradas. El sector también reclama mejoras en los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos climáticos y los daños causados por fauna salvaje, así como autorizaciones excepcionales para el uso de fitosanitarios sin alternativas eficaces.
Finalmente, las organizaciones agrarias exigen el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, con la prohibición real de la venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción. También reclaman una Ley de Emergencia por los daños de fauna salvaje, la adaptación de la Reforma Laboral a las campañas agrarias, la actualización de los módulos del IRPF agrario y una revisión del Código Penal, junto con más recursos para combatir los robos en el campo.