Trabajadores de prisiones de la Junta de Personal de la Administración General del Estado en Valencia, el máximo órgano de representación de los funcionarios en la provincia, se han encerrado este jueves en la sede de la subdelegación de Gobierno de Valencia en señal de protesta por "la total falta de diálogo y negociación con el Ministerio del Interior", según ha informado CSI·F en un comunicado.
El pleno de la Junta de Personal ha acordado por unanimidad respaldar la huelga general convocada esta semana en Instituciones Penitenciarias, ante "la falta de respeto al colectivo de trabajadores por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior".
Con este encierro, el colectivo quiere mostrar su "total y absoluto rechazo" a las actuaciones "intimidatorias" de Instituciones Penitenciarias, que "trata de coartar el legítimo ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores amenazándoles con actuaciones penales y administrativas e incumpliendo la normativa sobre servicios mínimos que ella misma dicta".
Los funcionarios de prisiones se hallan en medio de un proceso de huelga general que tuvo sus dos primeras jornadas los pasados 24 y 26 de octubre y continuará los próximos 17, 18, 19 y 20 de noviembre.
Desde el sindicato aseguran que los trabajadores están "indignados" con el trato recibido por parte de los responsables de Instituciones Penitenciarias y que se les ha "faltado el respeto de forma intolerable antes y durante la huelga".
Ante esta situación, CSI·F advierte que el conflicto está "subiendo de intensidad" y sostiene que el "único responsable" es el Gobierno, "cuyo partido apoyaba públicamente las reclamaciones de los trabajadores cuando estaba en la oposición y ahora bloquea cualquier tipo de negociación o diálogo".
Algunos representantes de los encerrados han entregado un escrito al subdelegado del Gobierno en Valencia, José Roberto González, para que traslade esta situación al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, así como a los ministros de Interior, Política Territorial y Función Pública y Hacienda.