La Autoridad Portuaria de València (APV) ha dado luz verde al pliego de condiciones para adjudicar a empresas privadas los 800 amarres que se encuentran en La Marina de València. Así, estos pasarán a ser de gestión privada con el objetivo de que se puedan realizar en ellos actividades náuticas, deportivas y recreativas. Así lo han anunciado la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la APV, Mar Chao, tras el Consejo de Administración de esta entidad celebrado hoy en el Edificio del Reloj.
En ese sentido, el Consejo ha aprobado el pliego de administración de las concesiones de los amarres ahora que el Consorcio Valencia 2007 (la entidad que los gestionaba hasta ahora) se encuentra en proceso de disolución. Así, la APV y el Ayuntamiento de València concretan el primer paso para dar salida a estos permitiendo que compañías del sector privado puedan optar a la concesión de los 800 amarres disponibles. Una licencia que estipula un periodo de 35 años ampliable, como máximo, hasta los cincuenta años y que servirá para dinamizar el entorno de La Marina con nuevas actividades deportivas y de ocio.
Las instalaciones náutico-deportivas, que son objeto del concurso, se distribuyen en tres dársenas y ocupan una superficie total de 235.097 metros cuadrados, "el mínimo imprescindible para las actividades auxiliares vinculadas" a los usos náuticos recreativos y deportivos, de acuerdo con la presidenta de la APV. Así, en la actualidad hay disponibles más de 800 amarres para embarcaciones de entre 7 y 170 metros de eslora.
“Antes había un consorcio que gestionaba este paquete de terreno público portuario y ahora la gestión se dará a empresas vinculadas a actividades náuticas”. Asimismo, la máxima dirigente de la APV ha expresado que no se ha “buscado maximizar beneficios económicos de la APV, sino que han primado los beneficios para la ciudad de València y su ciudadanía”. Es por ello que Chao ha situado en el centro de su gestión que La Marina se sitúe como un “polo positivo de la relación puerto-ciudad”, tomando como prototipo el “puerto de Barcelona”, ha ejemplificado.
Los pliegos obligarán al concesionario a prestar los servicios de gestión de los puestos de amarre, control marítimo, suministro de carburantes a embarcaciones, agua, energía eléctrica, telefonía y transmisión de datos, aparcamiento de vehículos, la recogida selectiva de basuras y residuos, el desarrollo de actividades de carácter formativo y educativo y de apoyo al deporte náutico, la organización de eventos, competiciones deportivas y actividades culturales y servicios de varada y reparación de embarcaciones.
Además de anunciar la aprobación del pliego para poder conceder el permiso para realizar actividades en los cerca de 800 amarres, Catalá también ha confirmado que el Consejo de Administración ha dado el visto bueno a un acuerdo sobre el mantenimiento de los títulos otorgados por el Consorcio en espacios de dominio público portuario de La Marina (como restaurantes o recintos comerciales). "Damos seguridad y tranquilidad a todos los concesionarios que tenían una situación de indefinición" y "garantizamos que se mantengan en la situación en la que se autorizó", ha precisado la alcaldesa.
Colaboración entre administraciones para potenciar La Marina
Precisamente, esta relación es la que, tanto la administración autonómica, municipal y portuaria, buscan potenciar para redinamizar este entorno de la ciudad a orillas del mar Mediterráneo. Por esta razón, la Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de València celebrada el pasado 3 de noviembre aprobó la creación de un órgano de trabajo conjunto para fortalecer este espacio en el que estarán la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y la APV.
Aún así, este organismo de colaboración entre administraciones tendrá carácter bilateral en primera instancia, ya que estará formado únicamente por el Ayuntamiento de València y la APV. El principal motivo de esto, según ha confirmado Catalá, es que esta comisión se formará en un principio para “resolver la situación jurídica de La Marina y dar luz a esta” cuando se complete la solución del Consorcio. “Para resolver la solución jurídica no hace falta que esté presente la Generalitat Valenciana”, ha declarado Catalá. Sin embargo, la primera edil ha añadido que esta sí “estará en el futuro organismo pero en este momento no es necesario para resolver los problemas con los bienes patrimoniales y demaniales”.
"Toda esta maraña que se había generado empieza a ver la luz y empezamos a extraer las oportunas decisiones para darle a La Marina todo lo que necesita: seguridad jurídica, tranquilidad, definición, colaboración institucional y que no haya ni un solo 'pero' para que un gran inversor pueda aterrizar y generar oportunidades", ha finalizado la primera edil.