Hay decisiones que se anuncian con fanfarria y acaban en un muro de silencio. El nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno de España ha llevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha encontrado este viernes una resistencia casi unánime entre las comunidades autónomas: todas han votado en contra, salvo Cataluña y Canarias. La Comunitat Valenciana ha sido una de las voces más contundentes en ese rechazo.
Un voto en contra con argumento propio
El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, compareció en el CPFF para dejar clara la posición del Consell: no. Y no solo por razones de fondo, sino también de forma. Su argumento central apunta a algo que, según él, invalida el proceso desde el origen: la reforma no ha nacido de un debate multilateral entre todas las comunidades de régimen común, sino de un pacto bilateral negociado directamente entre el Gobierno central y Cataluña.
"Estamos ante un modelo que en su día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con Cataluña y no han tocado ni una coma" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
No es una percepción aislada. La propuesta de Hacienda es fruto del preacuerdo bilateral entre el PSC y ERC, y ha encontrado un rechazo territorial notable, capitaneado por las comunidades gobernadas por el Partido Popular y al que se han sumado los ejecutivos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias. Un frente amplio y heterogéneo que, sin embargo, choca con la aritmética interna del propio CPFF: la Administración General del Estado ostenta el 50% de los votos en ese órgano, lo que hace que al Ministerio le baste con el respaldo de Cataluña y Canarias para lograr el visto bueno formal.
Las alegaciones, ignoradas; el fondo de nivelación, olvidado
Rovira fue más allá de la queja genérica. Denunció que el Ministerio de Hacienda tuvo en su poder las observaciones de la Comunitat Valenciana durante más de un mes y no respondió hasta el día anterior, de forma verbal y en comisión técnica, únicamente para rechazarlas. Tanto los partidos del PP como las comunidades de Castilla-La Mancha y Asturias argumentan que el plan fue previamente negociado de manera bilateral con ERC, sintiéndose en desacuerdo con un modelo discutido con solo una comunidad autónoma que, en su opinión, compromete el principio de igualdad. En el caso valenciano, esa sensación de exclusión tiene además un componente especialmente doloroso: la infrafinanciación crónica.
El conseller recordó que la Comunitat Valenciana lleva años en una situación de desventaja estructural en la recepción de recursos públicos. Según los propios expertos, en torno al 80% del déficit valenciano es atribuible precisamente a esa infrafinanciación. "No tenemos un problema de gastos, sino un problema de ingresos", subrayó Rovira, en una frase que resume décadas de reivindicación pendiente.
En ese contexto, el conseller lanzó una crítica directa al ministro de Economía, Arcadi España. Le recordó que cuando ocupaba el cargo de conseller autonómico reclamaba con insistencia un fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana, un mecanismo que sirviera de puente hasta que existiera un sistema de financiación verdaderamente justo. La paradoja es evidente: ahora que tiene capacidad para impulsarlo desde el Gobierno central, ese compromiso parece haber quedado en el olvido.
"Él conoce de cerca la infrafinanciación que sufren los valencianos, y cuando era conseller reclamaba este fondo hasta que hubiese un sistema de financiación justo. Sin embargo, desde que es ministro se ha olvidado de esta necesidad" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
Un modelo con futuro incierto y una urgencia inmediata
La reforma lleva pendiente desde 2014 , y el camino que tiene por delante no parece más sencillo. El propósito del CPFF es debatir y votar la propuesta del Ministerio, siendo este un paso hacia su eventual presentación al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Congreso de los Diputados. Rovira advirtió de que la tramitación será muy larga y expresó dudas serias sobre si el texto logrará la mayoría necesaria para su aprobación definitiva.
Ante ese horizonte de incertidumbre, la Generalitat valenciana lanza un mensaje claro: la espera tiene un coste real. Mientras se debate si el modelo es justo o no, los servicios públicos valencianos —sanidad, educación, dependencia— siguen funcionando con una financiación que, según el propio Govern, no refleja las necesidades reales de su ciudadanía. El conseller Rovira fue tajante: si el fondo de nivelación transitorio no llega pronto, el daño acumulado seguirá creciendo. Porque en política fiscal, como en tantas otras cosas, el tiempo que pasa también se paga.