Casi un año después de que la dana del 29 de octubre de 2024 arrasara decenas de municipios valencianos, dejando 231 víctimas mortales y daños en más de 78 localidades, la Generalitat Valenciana da un paso formal hacia el futuro: presentará al Gobierno central una propuesta de reforma legislativa que recoja las demandas de los ayuntamientos afectados. El objetivo es claro, aunque suene a pregunta que nadie quiso hacerse antes: ¿cómo es posible que una emergencia de tal magnitud pillara al marco legal con los pies en el barro?
Contratos de emergencia que no caducan cuando más se necesitan
El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, expuso las líneas maestras de esta iniciativa durante su participación en la jornada 'De la crisis a la recuperación: fortalecer la resiliencia regional frente a los desastres', organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La queja de fondo no es nueva, pero sí urgente: la legislación vigente no acompaña a la realidad del terreno.
"Necesitamos cambios normativos que nos permitan mayor agilidad en la reconstrucción" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Uno de los puntos más reclamados por los alcaldes afectados es la flexibilización del contrato de emergencia. Actualmente, este mecanismo —que permite saltarse la burocracia ordinaria de la contratación pública para actuar con rapidez— expira cuando se declara formalmente el fin de la emergencia. El problema es que el fin de la emergencia oficial y el fin de la emergencia real no siempre coinciden. Un pueblo puede seguir sin servicios básicos semanas o meses después de que, sobre el papel, todo esté "controlado". La propuesta busca que ese contrato pueda mantenerse activo mientras no esté restituida la normalidad en el territorio, aunque la emergencia propiamente dicha haya concluido.
Mérida fue más allá al señalar que ciertas obras de prevención —aquellas sobre las que existe consenso científico de que evitarían catástrofes similares en el futuro— también deberían poder tramitarse mediante este mecanismo ágil. En otras palabras: no esperar a que llegue la próxima riada para construir las defensas que ya se saben necesarias.
Sin papeleo cuando el río baja crecido
La propuesta legislativa valenciana incluye otras medidas de calado. Una de ellas es la suspensión automática de plazos administrativos y judiciales para todos los afectados por una emergencia, sin necesidad de que cada ciudadano o empresa lo solicite individualmente. En la dana de 2024, miles de familias se vieron atrapadas entre el barro y el calendario burocrático, obligadas a gestionar trámites en medio del caos.
También se propone establecer por ley la obligación de convocar una comisión mixta intergubernamental en las primeras 24 horas tras un desastre, así como la activación inmediata del Mecanismo Europeo de Protección Civil. La coordinación entre administraciones fue, precisamente, una de las críticas más repetidas durante las semanas que siguieron a la dana: el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos tardaron en hablar con una sola voz, y ese silencio tuvo consecuencias.
Parques que protegen: verde urbano con vocación de dique
Junto a las reformas legales, Mérida presentó ante la OCDE la apuesta territorial de la Generalitat: una estrategia de regeneración basada en infraestructuras de naturaleza que actúan simultáneamente como espacios verdes y como escudos frente a las inundaciones. El concepto no es nuevo en el urbanismo europeo —ciudades como Rotterdam llevan años integrando este tipo de soluciones—, pero en el área metropolitana de València aún resulta una novedad que genera tanto entusiasmo como escepticismo inicial.
El proyecto estrella son los parques metropolitanos de València, cuyo concurso internacional saldrá este mes de octubre. Mérida reconoció que, cuando se presentó la iniciativa, poca gente había oído hablar de los "parques inundables". Hoy, sin embargo, el consenso en torno a ellos es prácticamente unánime entre administraciones y sociedad civil. El propio comisionado lo describió como un complemento imprescindible a las obras que debe acometer la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con la que se ha trabajado desde el primer momento para trazar el proyecto.
"Una infraestructura de este tipo no tiene sentido si no se basa en el consenso con las administraciones" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
160 kilómetros de cauces y un centro climático mediterráneo
La Generalitat también destacó que está llevando a cabo lo que calificó como la mayor actuación de limpieza de cauces del país, con intervenciones a lo largo de 160 kilómetros en los barrancos del Turia, Magro, Poyo y Picassent. Estas actuaciones mejorarán la protección de 50 municipios, algunos de los cuales ya sufrieron de primera mano la fuerza destructiva de esos mismos cauces hace menos de un año.
A todo ello se suma el Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática y Resiliencia (CMIR), impulsado por el Consell con el objetivo de mejorar la previsión de fenómenos meteorológicos extremos. La capacidad de anticipación fue, junto a la coordinación, otra de las asignaturas pendientes que la dana puso en evidencia ante toda España. Si la tragedia de octubre de 2024 demostró algo, es que proteger un territorio de las catástrofes naturales no es solo cuestión de ingeniería: es también, y sobre todo, una cuestión de voluntad política y de leyes que estén a la altura del momento que llega sin avisar.