Imagina que un equipo de fútbol disputa un partido siguiendo las reglas acordadas antes del pitido inicial, y que al finalizar el encuentro el árbitro decide cambiarlas y anula los goles. Algo parecido, salvando las distancias, es lo que denuncian desde la Generalitat Valenciana que ha ocurrido con las ayudas estatales a las salas de cine: las comunidades autónomas convocaron sus subvenciones cumpliendo los plazos establecidos, y ahora el Gobierno central les reclama que devuelvan el dinero porque las reglas, dicen, eran otras. La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha anunciado acciones jurídicas y administrativas para defender a las salas de cine valencianas ante lo que califica de un cambio de criterio inaceptable por parte de la administración central.
Un millón de euros en el aire para 86 salas
El conflicto tiene su origen en un reparto acordado entre el Estado y las comunidades autónomas. En mayo de 2025, la Conferencia Sectorial de Cultura aprobó el reparto territorial de 8,5 millones de euros destinados a salas cinematográficas y a la creación de audiencias. En ejecución de ese acuerdo, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) acordó la transferencia de crédito a 16 comunidades autónomas, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A la Comunitat Valenciana le correspondían 1.070.370,37 euros, una cantidad pensada para sostener la actividad de 86 salas de cine repartidas por todo el territorio.
El Institut Valencià de Cultura cumplió con su parte: publicó la convocatoria de ayudas el 29 de diciembre de 2025, dentro del plazo establecido y siguiendo las instrucciones recibidas. El problema llegó después. Ya en 2026, la Intervención Delegada en el Ministerio de Cultura formuló "reparos" relacionados con el cumplimiento del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. En otras palabras: no bastaba con haber convocado las ayudas antes de que acabara el año; el gasto también debía haberse resuelto y comprometido antes del 31 de diciembre de 2025. Un requisito que, según las comunidades afectadas, nunca estuvo sobre la mesa.
Fuentes del sector lamentan la "aplicación sobrevenida" a las comunidades autónomas de un requisito que no figuraba en las condiciones de la transferencia, que solo consistía en que debían convocar las ayudas antes del 31 de diciembre de 2025. "En ningún caso" exigía que el procedimiento estuviera resuelto ni que las ayudas hubieran sido concedidas dentro de ese mismo ejercicio.
Un problema que afecta a seis comunidades autónomas
La Comunitat Valenciana no está sola en esta situación. El ICAA ha solicitado a seis comunidades autónomas —Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Navarra— la devolución de 3,5 millones de euros en las ayudas concedidas para las salas cinematográficas y creación de audiencias. En concreto, el ICAA reclama 1.416.666 euros a Andalucía, correspondientes a 112 salas; 1,087 millones a la Comunidad Valenciana, por 86 salas; 392.114 euros a Castilla-La Mancha, por 31 salas; 265.625 euros a Canarias, por 21 recintos; y 189.732 euros tanto a Baleares como a Navarra, en ambos casos por 15 salas. Se trata, en conjunto, de un conflicto que amenaza la supervivencia de más de 270 recintos cinematográficos en toda España.
Desde el Ministerio explican que el cambio de criterio obedeció a los "reparos" puestos por la Intervención de Cultura, a la que terminó dando la razón la Intervención General, dependiente de Hacienda. Un argumento que desde la Generalitat Valenciana rechazan de plano.
"Las salas de cine valencianas no son responsables de esta situación y no pueden resultar perjudicadas por el cambio de criterio del Gobierno de España" - Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana
La estrategia valenciana: recursos, alianzas y presión institucional
Ante este escenario, la Generalitat ha diseñado una estrategia que combina la vía legal con la presión política. Por un lado, está preparando alegaciones, requerimientos y recursos para exigir que se respeten las condiciones vigentes cuando se convocaron las ayudas. Por otro, ha buscado la coordinación con las demás comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones representativas del sector de la exhibición cinematográfica, consciente de que una respuesta coordinada tiene más fuerza que actuaciones aisladas.
"No estamos ante un problema causado por las salas, sino ante una interpretación administrativa sobrevenida que afecta a varias comunidades autónomas. Por eso debemos actuar de manera coordinada, compartir argumentos y defender una solución común" - Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana
La Generalitat también solicitará una interlocución directa con el ICAA, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Hacienda para intentar alcanzar una solución negociada. Y si el diálogo no fructifica, el Consell ya estudia vías presupuestarias alternativas: aumentar la consignación de las ayudas de 2027 para compensar el impacto sobre el sector y mantener el nivel de apoyo.
Las salas, en el centro de la tormenta
Mientras los despachos debaten tecnicismos presupuestarios, quienes sufren la incertidumbre son los propietarios y trabajadores de esas 86 salas que presentaron sus solicitudes confiando en una convocatoria pública. Desde el departamento de Cultura, Ortí ha subrayado que se está en contacto directo con AVECINE y con las demás organizaciones representativas del sector para explicar la situación y evaluar su impacto real.
"Las salas han presentado sus solicitudes de acuerdo con las bases y han confiado legítimamente en una convocatoria pública. No han hecho nada incorrecto y no deben soportar las consecuencias de un cambio de criterio sobrevenido" - Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana
Las salas de cine valencianas llevan años siendo un eslabón frágil en la cadena cultural del territorio. Son espacios que no solo proyectan películas: generan empleo local, garantizan el acceso a la cultura en municipios donde no hay otras alternativas y mantienen una oferta que llega a rincones del territorio que las plataformas digitales no logran sustituir del todo. Perder el apoyo estatal no es solo una cuestión contable; para muchas de estas salas, puede ser la diferencia entre seguir abiertas o echar el cierre. Y eso, en última instancia, es lo que está en juego mientras Valencia y Madrid dirimen quién interpretó mal las reglas.