El Gobierno central y la Generalitat han resuelto sus discrepancias en torno a las leyes valencianas de coordinación de policías locales e igualdad de las personas LGTBI, con la derogación de un punto de la primera norma por exceder las competencias autonómicas y el mantenimiento del texto de la segunda.
Tras la comisión bilateral entre ambas administraciones, el Consell se compromete a derogar "con la máxima celeridad posible" la disposición transitoria decimotercera de la Ley 17/2017 de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, según publica este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).
En concreto, el punto sobre el que mostró discrepancias el Gobierno se incluyó en febrero de este año mediante el decreto-ley 2/2019. Una vez analizado, las dos partes coinciden en que excede las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunitat en materia de policías locales y régimen local.
Respecto a la Ley 23/2018, de igualdad LGTBI, el Ejecutivo apreció discrepancias el pasado mes de marzo en los artículos 26 y 60. El primero versa sobre la integración del derecho a la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI, mientras que el segundo hace referencia a las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral y las tipifica como sanción grave.
Gobierno y Generalitat consideran que el artículo 26, si bien no contradice la legislación laboral estatal, sí que establece una previsión estrechamente relacionada con las competencias estatales que recoge el artículo 149 de la Constitución.
En el caso del artículo 60 de la ley LGTBI, las dos partes entienden que el inicio del procedimiento sancionador corresponderá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aunque se podrá aplicar en las prácticas laborales que queden fuera de esa competencia, especialmente en las empresas que reciban subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas de la Comunitat, siempre que sea comunicado al organismo estatal.
Tanto en la ley de policías locales como en la de igualdad, Gobierno y Consell ven resueltas las discrepancias y concluida la controversia, con lo que acuerdan dar constancia al Tribunal Constitucional.