El síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha destacado este viernes que el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2017 no ha detectado "ninguna situación de la que se pueda derivar responsabilidad contable".
Así lo ha indicado Cucarella durante la entrega del informe a la vicepresidenta primera de Les Corts, Carmen Martínez, en la que ha destacado que, por primera vez desde el inicio de la crisis, "se ha reducido el endeudamiento en porcentaje del PIB", algo que el síndic ha calificado de "punto de inflexión".
De hecho, el órgano ha reconocido "el buen comportamiento de los ingresos y tributos cedidos" que "permitieron un incremento de 1.236,3 millones de euros en los ingresos de la Comunitat", pero ha subrayado que el sistema de financiación autonómica "continúa perjudicando a la Comunitat Valenciana de manera significativa".
Asimismo, los fondos propios negativos con los que la Generalitat cerró 2017 fueron de -29.294,8 millones de euros, y la deuda financiera subió hasta los 45.604,8 millones. En total, el resultado negativo del ejercicio 2017 fue de 1.368,2 millones de euros (14.535,9 millones de euros de gasto y 13.167,7 millones de ingresos), "una cifra similar a la reivindicada con una reforma equitativa del modelo de financiación autonómica".
Al respecto de la evolución del capítulo de ingresos, pese a que Cucarella ha destacado que en 2017 ha seguido "una buena evolución", que es lo que "ha ayudado a reducir el déficit", ha instado a la Generalitat a "no confiar" en que haya unos "ingresos crecientes continuamente".
Por ello, ha invitado a la administración pública a aumentar la eficiencia y la eficacia en el gasto público, así como implantar análisis previos de coste-efectividad y establecer prioridades de gasto público, no sólo teniendo en cuenta su financiación actual, sino también previendo su posterior mantenimiento en situaciones adversas.
Otro de los puntos que destaca el informe es que "se ha observado que las consignaciones presupuestarias son insuficientes para pagar las subvenciones que se debieron haber concedido durante el ejercicio y se constatan niveles de pago muy bajos en algunas líneas de subvenciones".
La Sindicatura ha indicado que en el presupuesto solo deben incluirse las previsiones de ingresos que se espera obtener de manera razonable, "a pesar de los anuncios sobre la modificación del modelo de financiación autonómica".
Por ello, Cucarella ha señalado que la administración "debería ser más realista a la hora de presupuestar los ingresos". No obstante, ha dicho "ser consciente" de los problemas del sistema de financiación: "Entendemos ese argumento, que se había prometido que se resolvería el nuevo modelo de financiación en ese ejercicio --en referencia al acuerdo en la Conferencia de Presidentes Autonómicos para cambiar el modelo de financiación en 2017--, pero hemos de continuar recomendando que se siga realista en el presupuesto", ha manifestado.
El informe advierte que la elevada deuda pública condicionará "negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se adopten medidas de reestructuración de la deuda o de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica padecida durante los últimos años".
FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
En materia de contratación, la Sindicatura ha identificado algunos "incumplimientos concretos". Entre ellos han destacado la "indeterminación de los precios, la falta de preponderancia real de los criterios objetivos en los procesos de contratación o la falta de documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera de los licitadores".Igualmente, se ha identificado que diferentes instituciones no han comunicado al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat determinados contratos menores ni otros pagos efectuados por el sistema de caja fija.
Por otra parte, la institución fiscalizadora también ha indicado que el declive de la energía procedente de los combustibles fósiles y la lucha contra el cambio climático conducen a una "menor disponibilidad de energía por habitante y, por tanto, a una enorme dificultad para mantener el crecimiento económico".
El informe destaca, entre otras cuestiones, que todavía quedan 36 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o contra las que se ha interpuesto recurso en los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral (los departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, L'Horta-Manises y Elx-Crevillent).
Además de la fiscalización de la Cuenta General, el informe recopila la fiscalización de entidades específicas de la administración valenciana, cuyos informes específicos ya han sido publicados a lo largo del segundo semestre del 2018.
Entre ellos, se encuentran el Instituto Valenciano de la Juventud, el Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A., la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, el Consorcio "Alicante 2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela" o el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC).
UNIVERSIDADES
Al respecto de las cuentas de las universidades, tampoco se han realizado recomendaciones específicas sobre el ejercicio fiscalizado, pero se ha efectuado un seguimiento de las medidas adoptadas respecto a las recomendaciones de ejercicios anteriores.Pese a no realizar recomendaciones específicas, la Sindicatura ha indicado unas conclusiones después revisar los aspectos relacionados con la adecuada formalización, aprobación y rendición de cuentas anuales de cada una de las universidades.
Entre ellas, subrayan que la Universitat de València "no ha reclasificado en el corto plazo la anualidad del ejercicio 2018 del convenio de financiación subscrito con la Generalitat en el ejercicio 2008, modificado en octubre de 2011 y diciembre de 2014 por importe de 15.354.764 euros".
También han indicado que la UV "no ha incluido una referencia expresa al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en la liquidación del presupuesto porque considera que computa en el cálculo de la Comunidad Autónoma Valenciana".
Asimismo, no se han remitido a la Sindicatura las cuentas anuales de la Fundación Universitas --dependiente de la Universitat Miguel Hernández (UMH)--, la Fundació Agromuseu de Vera --depediente de la Universitat Politècnica de València (UPV)-- y la Fundació Parc Científic de la UV.