Comunidad Valenciana

La Generalitat aprueba este viernes un decreto para agilizar licencias urbanísticas

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El Consell aprobará en el pleno de este viernes, 15 de mayo, el decreto que regula las entidades colaboradoras de la administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas, conocidas como ECUV.

Esta norma permitirá a ayuntamientos de toda la Comunitat, en especial a grandes como el de València, agilizar los trámites administrativos para aprobar las licencias urbanísticas.

El objetivo es aliviar la situación y agilizar la tramitación de licencias de obra, facilitando así las inversiones que impulsen el crecimiento económico y del empleo de la ciudad de València, destaca en un comunicado el conseller de Obras Públicas, Arcadi España.

Se trata de una herramienta para revitalizar el sector y "contribuir a que no ocurra como en la actualidad, que muchas veces cuesta más la tramitación de una licencia que la propia construcción".

Las funciones de estas entidades será verificar que las actuaciones urbanísticas se ajusten a la normativa técnica de edificación y que se ajustan a la legalidad urbanística y al planeamiento.

De esta forma se libera a los servicios técnicos municipales de la carga de trabajo que conlleva esta tarea, con muchos ayuntamientos "bloqueados" al no poder otorgar licencias de obras con la agilidad que se reclama a la administración.

Las entidades colaboradoras podrán intervenir tanto en el procedimiento de licencia de obras municipales como en las actuaciones urbanísticas previstas en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), que podrán pasar al régimen de declaración responsable.

El contenido de los certificados de las entidades colaboradoras no limita ni excluye las actuaciones municipales de verificación, comprobación o inspección, ni respecto a las declaraciones responsables ni a los procedimientos de licencia.

En esta línea, e decreto establece un régimen estricto de habilitación para el ejercicio de la actividad y de incompatibilidades. Con el fin de garantizar la calidad, la dirección general de Urbanismo fijará un sistema de precios mínimos y máximo que podrán percibir en el desarrollo de su actividad.

Como requisito, las entidades deberán inscribirse en el registro de entidades colaboradoras de verificación y control de actuaciones urbanísticas. Previamente tendrán que estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), tener subscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil y disponer de un plan de igualdad.

Hasta entonces se establece un régimen transitorio por el que las entidades inscritas podrán ejercer las funciones previstas en el decreto durante seis meses. La Comunitat es una de las primeras autonomías que regula estas entidades con un régimen concreto y que no requiere de desarrollo por parte de los entes locales.