Valencia afronta un inicio de diciembre con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en una situación de parálisis. Hoy, lunes 1 de diciembre, ha entrado en funcionamiento el sistema de cámaras y sensores instalado en la ciudad, con más de 270 puntos de control activos, pero la ordenanza que regula la ZBE no se aprobará este año. La activación de los equipos permitirá recopilar datos sobre la circulación de vehículos y los niveles de contaminación atmosférica, pero no se aplicarán sanciones, dejando a la ciudad sin herramientas legales para controlar el tráfico contaminante.
A pesar de contar con toda la infraestructura lista, el futuro de la ZBE sigue en suspenso. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha confirmado que la ordenanza no podrá aprobarse antes de que termine el año, dando “por perdida” la Zona de Bajas Emisiones en 2025. Los intentos del equipo de gobierno del Partido Popular por lograr un acuerdo con Vox han fracasado, lo que pone en riesgo hasta 150 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU destinados a mejorar la movilidad y la calidad del aire.
La principal dificultad para aprobar la ordenanza ha sido la negativa de Vox a respaldar cualquier normativa que limite la libre circulación y contemple sanciones, una orden que viene dada directamente desde la formación de Santiago Abascal. El portavoz municipal del partido, José Gosálbez, ha reiterado que su grupo no apoyará ninguna ordenanza multe a los ciudadanos. Y es que según la organización de ultraderecha, la regulación debe centrarse en restricciones de acceso al perímetro anticontaminación, pero la penalización económica está descartada, siguiendo la línea aplicada en Castellón de la Plana.
No obstante, el Partido Popular, responsable del área de Movilidad, ya había intentado acercar posiciones proponiendo una versión más flexible de la ordenanza, inspirada en el modelo de la capital castellonense. Sin embargo, las conversaciones de este fin de semana han parecido no prosperar y Vox mantiene su rechazo total.
La propuesta de la oposición
Por otro lado, se encuentra la moción presentada conjuntamente por PSPV y Compromís, que incluía la regulación de la ZBE junto con medidas urbanísticas adicionales, como la pacificación de la calle Colón y la garantía de que el bulevar García Lorca no incluiría carriles para tráfico rodado. Según Carbonell, la oposición “no ha tenido intención de negociar” y se ha dedicado a ofrecer propuestas que vinculaban la ZBE con otros proyectos no relacionados directamente, dificultando la aprobación de la normativa y la obtención de los fondos europeos.
El intento de dividir la votación entre la ZBE propiamente dicha y el llamado “modelo de ciudad” ha sido rechazado por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y, posteriormente, por el equipo de gobierno tras someter la moción a votación en bloque. Carbonell ha acusado directamente a Vox de frenar la ordenanza y ha recordado, a su vez, que en gobiernos anteriores de PSPV y Compromís tampoco se impulsó la ZBE pese a contar con tiempo y fondos europeos.
El concejal del PP ha insistido en que los grupos de la oposición han presentado propuestas que aumentan la dificultad de implementación de la ZBE. Bajo su juicio, la oposición ha apostado por medidas “más duras” y “técnicamente inviables” que condicionan el acceso al centro urbano a ciudadanos que no pueden cambiar su vehículo, lo que, en su opinión, compromete la viabilidad técnica y económica de la ordenanza.
Consecuencias de la paralización
Mientras la ordenanza sigue bloqueada, la ZBE ha entrado ya en fase de monitorización sin sanciones. Los vehículos pueden circular libremente, mientras las cámaras y sensores registran matrículas, tipos de vehículos y niveles de contaminación. Esta información permitirá elaborar estudios estadísticos sobre patrones de movilidad, evolución del parque móvil y efectos de futuras políticas de fomento de transporte público, carriles bici o accesibilidad peatonal.
Sin embargo, la falta de una normativa efectiva limita el impacto directo de la ZBE sobre la reducción de emisiones y la modificación de hábitos de movilidad. La ciudad se encuentra en un escenario donde cuenta con la tecnología adecuada para analizar el tráfico y la contaminación, pero carece de instrumentos legales para intervenir sobre los vehículos más contaminantes.
Carbonell ha subrayado que la responsabilidad recae en la oposición, a la que acusa de bloquear cualquier posibilidad de acuerdo. Asimismo, ha enfatizado que el PP ha presentado hasta tres propuestas de negociación, que han sido desestimadas, dejando a la ciudad sin normativa y con la ZBE operando únicamente como sistema de observación y recopilación de datos.
En este contexto, la ZBE de Valencia refleja un conflicto entre voluntad política y objetivos medioambientales, donde la tecnología y los recursos europeos ya están disponibles, pero el desacuerdo entre partidos políticos impide que se traduzca en medidas concretas para mejorar la calidad del aire y la movilidad urbana.