El Ayuntamiento de València ha implementado una estrategia contundente para frenar la proliferación descontrolada de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad, marcando un antes y un después en la gestión urbanística. Desde el inicio de la actual legislatura, la administración municipal ha multiplicado por seis el número de órdenes de cese emitidas anualmente contra viviendas de uso turístico (VUT) que operan sin la debida autorización. Esta acción decidida, según el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, evidencia un "cambio radical desde la llegada del equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá para frenar la proliferación viviendas turísticas y clausurar las que operan de forma ilegal como antesala de las nuevas normas urbanísticas que blindan para uso residencial el 98 % de las viviendas en todos los barrios y distritos".
La comparativa con el mandato anterior es reveladora: mientras que la media anual de órdenes de cese durante la gestión de Compromís y PSPV se situaba en 71 expedientes, el actual equipo de gobierno ha elevado esta cifra a una media de 449 expedientes anuales. Este incremento, que supera el 600 %, subraya la firmeza de la nueva política. Giner ha enfatizado que "Frente a una media anual de 71 órdenes de cese de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales durante el mandato de Compromís y PSPV, el actual equipo de gobierno ha alcanzado una media de 449 expedientes anuales, lo que representa un incremento superior al 600 %. Hemos pasado de la parálisis y la permisividad ante la ilegalidad a la tolerancia cero".
Intensificación de la inspección y resultados tangibles
Para llevar a cabo esta ambiciosa labor de inspección y control, el consistorio valenciano ha desplegado un equipo multidisciplinar. Cinco grupos de inspectores adscritos a la sección de Obras y Licencias de Urbanismo, junto con siete grupos de la Policía Local, trabajan de manera coordinada y continua para identificar y actuar contra los apartamentos turísticos ilegales en cada rincón de la ciudad. La eficacia de estos equipos es incuestionable, ya que, como ha señalado el responsable municipal, "Los resultados demuestran la eficacia de estos equipos, ya que el 87 % de las órdenes de cese han sido ya ejecutadas". Esto significa que la gran mayoría de las viviendas identificadas como ilegales han cesado su actividad, contribuyendo a la recuperación del uso residencial.
La moratoria: un escudo preventivo crucial
Paralelamente a la lucha contra la ilegalidad, el Ayuntamiento de València adoptó una medida preventiva fundamental: la suspensión cautelar de la concesión de nuevas licencias turísticas. Esta moratoria, aprobada por el Pleno municipal el 28 de mayo de 2024 y posteriormente ampliada el 28 de enero de 2025, se mantendrá vigente hasta, al menos, el 30 de mayo de 2026. Durante este periodo de suspensión, se han paralizado cautelarmente 363 expedientes de licencias turísticas, lo que ha evitado la creación de 4.697 nuevas plazas turísticas en la ciudad. Esta acción ha sido vital para contener la expansión desmedida y proteger el tejido urbano y social de València.
El concejal Juan Giner ha ilustrado la importancia de esta moratoria con un ejemplo contundente: "Si no hubiéramos actuado a tiempo con la moratoria, hoy no quedarían peluquerías en el Cabanyal". Esta afirmación resalta cómo la proliferación descontrolada de VUTs puede desplazar al comercio local y alterar la identidad de los barrios. Giner también ha contrastado la situación actual con la normativa anterior, que "alentó la proliferación de apartamentos turísticos en plantas bajas", mientras que la futura regulación limitará al 15 % las VUT en cada manzana, "lo que garantiza la defensa del pequeño comercio y protege la identidad de nuestros barrios".
Nueva normativa urbanística: un blindaje permanente
La moratoria será reemplazada por una regulación permanente con la inminente aprobación de la nueva normativa urbanística para el terciario hotelero. Este marco legal, que será votado en la próxima Comisión de Urbanismo antes de su debate en el pleno municipal de marzo, establecerá límites claros de saturación turística por barrio y distrito, ofreciendo una solución estructural y duradera.
La nueva regulación introduce tres niveles de protección contra la saturación turística, aplicables a todos los barrios y distritos de València, con la excepción de Ciutat Vella, que ya cuenta con su propio Plan Especial. Estos niveles son:
- Primer nivel: Limita el total de plazas turísticas de cualquier tipo a un máximo del 8 % de la población empadronada en cada barrio y distrito.
- Segundo nivel: Garantiza que no más del 2 % de las viviendas de cada barrio pueda destinarse a uso turístico. Además, exige que los apartamentos en edificios residenciales se ubiquen exclusivamente en plantas bajas o primeras, con acceso independiente y con la preceptiva autorización de tres quintos de la comunidad de propietarios.
- Tercer nivel: Protege el comercio local al fijar un tope del 15 % de alojamiento turístico en las plantas bajas de cada manzana, preservando así la diversidad comercial y la vida de barrio.
Adicionalmente, la normativa contempla la creación del Censo de Alojamientos Turísticos del Ayuntamiento de València (CATAV), una herramienta fundamental para la gestión y el control. También se establecerá un plan de inspecciones sistemáticas para clausurar aquellos establecimientos que operen sin el título habilitante municipal correspondiente, reforzando la legalidad y el orden en el sector turístico de la ciudad.