La ciudad de València contará próximamente con una firma especializada en demoliciones y actuaciones de emergencia para afrontar derribos, apuntalamientos y otras intervenciones necesarias en parcelas e inmuebles que representen un riesgo para la seguridad. El acuerdo municipal cuenta con un presupuesto estimado de 2,6 millones de euros.
El procedimiento se desarrollará mediante un concurso abierto, al que podrán presentarse todas las empresas interesadas sin requisitos previos de selección. Tal y como explica el concejal de Urbanismo, Juan Giner, esta fórmula busca “favorecer una mayor concurrencia” y agilizar la adjudicación de un contrato que “permitirá actuar en situaciones de urgencia”.
El servicio cubrirá las obras de demolición total o parcial de edificios y naves no catalogadas y aquellas medidas de protección que los servicios municipales de Bomberos y Policía Local consideren necesarias por motivos de seguridad pública. En este paquete de actuaciones se incluye el vallado y tapiado de solares, la colocación de lonas o apeos, el apuntalamiento de estructuras inestables y la retirada de elementos que amenacen con desprenderse.
Un contrato para actuar con rapidez
Giner subraya que este contrato “garantiza poder intervenir con rapidez ante casos de ruina inminente o riesgo estructural”, siempre en inmuebles que no formen parte del catálogo de protección patrimonial. La previsión municipal es que la empresa adjudicataria pueda responder de forma inmediata a las incidencias detectadas, evitando peligros para vecinos y viandantes.
La iniciativa llega en un contexto en el que diferentes parcelas presentan problemas de conservación y donde la respuesta urgente resulta clave para prevenir accidentes. El área de Urbanismo confía en que el nuevo contrato simplifique la gestión y reduzca los tiempos de espera en la tramitación, ofreciendo una cobertura “más eficaz” frente a situaciones imprevistas.
Además, el servicio está concebido para dar apoyo directo a los equipos de Bomberos y Policía Local, que suelen ser los primeros en alertar sobre situaciones de riesgo. Con esta herramienta, las autoridades dispondrán de un recurso operativo para ordenar la demolición parcial o total de un inmueble, reforzar estructuras dañadas o clausurar espacios inseguros en cuestión de horas.