Valencia

Solares públicos, construcción privada y precios limitados: la propuesta de Compromís para el alquiler

La proposta de Ribó per a la legislatura que donarà inici el 15 de juny inclou la construcció de 600 nous habitatges públics

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La propuesta se dio a conocer a finales de enero, se recordó en campaña y ahora, tras ganar las elecciones y con el inicio de las negociaciones en marcha, se ha recordado; el Ayuntamiento pone los solares, empresas privadas construyen viviendas y se fija un alquiler máximo. Es la propuesta de Compromís para, al menos en un principio y sin coste para el consistorio, 600 viviendas públicas con alquiler asequible. Públicas o, al menos, al 50%.El todavía alcalde en funciones, Joan Ribó, lanzó la propuesta. Una nueva fórmula que permitiría la construcción de vivienda pública "de manera ágil para dar respuesta a las necesidades urbanas". Según el Plan Estratégico de Vivienda del Ayuntamiento de València, el precio ofertado para las viviendas en alquiler ha subido un 20% mientras que el número de pisos y casas disponibles ha descendido un 66%. Unos datos, sin embargo, desfasados: hablan de la evolución del mercado entre 2014 y 2019. La situación, desde entonces, se ha agravado.En València, los precios han subido un 10% en sólo un año. Si se compara con los datos que manejaba el Plan de mayo 2014, la subida pasa del 20% al 45%, con incrementos más rápidos que el de otra grandes ciudades como Madrid o Barcelona. En enero de 2019 el precio medio del suelo en alquiler era de 8,43€, sólo 40 céntimos menos que el máximo histórico de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Un ejemplo ya existente

Para lanzar la propuesta el entonces alcaldable y probablemente alcalde desde el próximo 15 de junio, puso de ejemplo iniciativas puestas en marcha en Barcelona o Viena.En la capital catalana esta fórmula es la empresa Habitatge Metròpolis Barcelona, puesta en marcha durante la primera legislatura de Ada Colau; una entidad 50% pública y 50% privada que prevé la construcción de 3.000 viviendas la próxima legislatura con un alquiler asequible en torno a los 500€. La fórmula es la misma que propone Ribó: la administración pública dispone el suelo, que no dejará de ser público, y las empresas se encargan de construir las viviendas. El ejemplo vienés es más potente: el ayuntamiento limita los precios del alquiler desde 1917 y el 60% de los ciudadanos habita en vivienda protegida.
Según detallan desde Compromís, el contrato con promotoras o entidades financieras para la construcción de la vivienda pasará por una limitación "a un precio asequible" del futuro alquiler. Se trata, aseguran, de crear "una manera ágil" para crear nuevas viviendas "sin coste para el Ayuntamiento". Eso es así, al menos, mientras la casa consistorial disponga de solares en desuso.La relación de tiempos y solares da a Ribó y a su formación un cálculo de "600 viviendas públicas durante el mandato". La colaboración al 50% entre la administración pública y el o los socios privados se da en la empresa mixta, pero siempre "con el control del Ayuntamiento".

Medidas 'antiburbuja'

No es la única medida, sin embargo, que pretenden llevar a cabo desde el ayuntamiento. Otra, aunque depende de las decisiones de Madrid, podría tener un efecto más rápido en los precios. Se trata de "exigir al Gobierno que permita a los ayuntamientos marcar un precio máximo de alquiler en zonas saturadas, así como instar a definir los pisos vacíos", detallan desde Compromís. Con la identificación de vivienda en desuso podrían aplicar "bonificaciones del IBI a los propietarios que alquilan" o "penalizar a los grandes propietarios con más de 10 pisos" que "retienen" hogares en desuso.También a través de la empresa pública Actuaciones Urbanas Municipales S.A. (AUMSA). La reducción de la deuda municipal permitió salir al consistorio del Plan de Ajuste de Montoro y acceder a fondos europeos. Estos últimos permitieron la compra de nuevos buses de la EMT y, respecto a la vivienda, la concesión de un crédito del Banco Europeo de Inversiones "que se destinará" a través de AUMSA "a la construcción inmediata de 340 viviendas públicas". Esa inmediatez depende, detallan, de lo que cueste acabar todos los trámites.Creen que este nuevo modelo, unido al de AUMSA y a la cesión de derechos de superficie a promotoras y cooperativas, podrán "evitar la explosión de una nueva burbuja inmobiliaria en la ciudad de València": "Nos permitirá influir e incidir en los precios del alquiler y ofrecer una alternativa a la población que ve como se incrementan sus alquileres a un nivel, evidentemente, mucho mayor que el de sus salarios".