La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia, una de las medidas medioambientales más esperadas - y polémicas - de los últimos años, vuelve a quedar en el aire. El motivo: el presupuesto municipal de 2026, que debe financiar su aplicación, aún no tiene los apoyos suficientes para ser aprobado.
Si las cuentas no salen adelante antes de fin de año, el Ayuntamiento se verá obligado a prorrogar el presupuesto actual, lo que dejaría sin financiación varios contratos y proyectos ligados directamente a la ZBE, cuyas restricciones estaba previsto que se iniciasen el próximo 1 de diciembre.
En caso de prórroga, la ZBE quedaría paralizada, al menos, durante los primeros meses de 2026, porque el actual presupuesto no contempla partidas específicas para su desarrollo ni para su señalización o control tecnológico. Tampoco podrían ejecutarse los convenios previstos para ayudas a la compra de vehículos menos contaminantes, ni los planes de incentivos al comercio en la zona centro.
De hecho, fuentes municipales admiten que una prórroga retrasaría como mínimo medio año la aplicación de la ZBE, lo que podría poner a Valencia en el punto de mira del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Unión Europea, que exigen a las ciudades de más de 50.000 habitantes disponer de este tipo de áreas antes de 2026.
El PP defiende una ZBE flexible y sin multas inmediatas
La ordenanza presentada por el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, propone una aplicación progresiva de la ZBE. Entre 2024 y 2026, las restricciones afectarían únicamente a los vehículos con etiqueta ambiental A – es decir, los más contaminantes – procedentes de fuera de la provincia. En 2027 se extenderían a los coches con etiqueta A matriculados en la provincia de Valencia y, en 2028, finalmente, a los de la propia ciudad.
El PP defiende este modelo como una versión “moderada y razonable” de la ZBE, pensada para cumplir con la normativa europea sin “castigar a las familias trabajadoras”. Además, la ordenanza contemplaba exenciones para residentes, personas con movilidad reducida y vehículos profesionales o de reparto.
Sin embargo, la ruptura con Vox ha dejado al PP completamente solo. Y es que hasta hace solo unos días, el partido de ultraderecha había apoyado la ordenanza en la Comisión de Patrimonio, lo que permitía prever su aprobación definitiva en el pleno. Sin embargo, el martes, el grupo municipal anunció un cambio total de posición tras recibir una orden directa de la dirección nacional del partido de Santiago Abascal.
La dirección de Vox comunicó a sus concejales que debían votar en contra de todas las Zonas de Bajas Emisiones en España, independientemente de su contenido, al considerarlas “una imposición de Bruselas y del Gobierno central que atenta contra la libertad individual de los ciudadanos, empobrecen a las familias y criminalizan a los conductores”.
La oposición: una ZBE que no reduce la contaminación
Ni el PSPV-PSOE ni Compromís apoyaron la ordenanza desde el principio. Ambos grupos coincidían en que la propuesta del PP era “excesivamente laxa” y que no garantizaba una reducción real de la contaminación. Según la oposición, la normativa estaba pensada únicamente para “cumplir el trámite” ante Bruselas y evitar sanciones, sin un verdadero impacto ambiental.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, acusa a la alcaldesa María José Catalá de “una irresponsabilidad sin precedentes” por haber llevado la ordenanza al pleno sin asegurarse los apoyos necesarios y asegura que su modelo de ciudad “prioriza el coche frente a la salud pública”. Desde el PSPV-PSOE, en cambio, se han mostrado dispuestos a negociar con el PP una nueva ordenanza.
El portavoz Borja Sanjuán reclama ampliar el número de vehículos afectados, extender el ámbito de aplicación para evitar que unos barrios soporten más contaminación que otros y acortar los plazos de implantación para equiparar la normativa valenciana a la de otras ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Además, el PSPV exige que el Corredor Verde de la zona sur quede completamente libre de coches, tal como estaba previsto en los planes de movilidad sostenible del anterior mandato.
¿Qué está en juego?
En este momento, el futuro de la ZBE depende directamente del presupuesto municipal. Si no se aprueban las cuentas antes de final de año, no se activarán los contratos para instalar cámaras y señalización; no habrá ayudas municipales a la compra de vehículos eléctricos o híbridos; no se ampliará la red de transporte público en el centro ni se reforzarán los aparcamientos disuasorios y, lo más importante, Valencia podría incumplir el calendario legal fijado por el Ministerio y la UE.
A día de hoy, las posiciones siguen muy alejadas. Vox mantiene su veto total a cualquier ZBE, el PP insiste en que su modelo era el más equilibrado, Compromís pide reiniciar el proceso desde cero con criterios más ambiciosos y el PSPV condiciona su apoyo a una ampliación de restricciones y a la recuperación del modelo verde de la anterior etapa.
Catalá busca ahora una fórmula de consenso que le permita aprobar el presupuesto sin renunciar a su modelo “más moderado” de ZBE. Pero si el acuerdo no llega, Valencia se quedará sin las herramientas financieras necesarias para activar el proyecto, lo que supondría un nuevo retraso en una medida que debía estar implantada desde 2023 y que provocará la pérdida de 115 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation.