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Una veintena de denuncias, hasta ahora todas archivadas, son las que el asesor del PP, Luis Salom, se ha dedicado a poner a diestro y siniestro con un objetivo que bien podría ser intentar ensuciar la imagen de la corporación municipal de Valencia, aunque, por el momento, sin mucho éxito, o bien desviar la atención de los diferentes casos de corrupción en los que, en esta ocasión sí, están imputados diferentes miembros del Partido Popular valenciano. Las concejalas María Oliver, Maite Girau o Gloria Tello, esta última por la cesión de un ninot del Museo Fallero a l’Oceanogràfic, entran en la lista de los/las denunciadas por Salom, investigado por el sonado Caso Taula.
Y, así, como si los juzgados no tuvieran asuntos más importantes que atender, el asesor del PP volvió a interponer, primero, una denuncia contra el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, por un supuesto fraccionamiento de contratos de alquiler de cabinas sanitarias para las Fallas 2017, que fue desestimada por no existir ni un mínimo indicio de delito y, más tarde, otra denuncia en la que acusaba a Fuset de fraccionar dos contratos relacionados con las fiestas navideñas, en la que la magistrada del juzgado de instrucción 17 de Valencia la volvió a desestimar porque, tal y como se especificaba, ‘el denunciante se limita a imputar al denunciado un delito de prevaricación sin traer principio de prueba alguna, ni indicio sólido y serio’.
Pero la batalla judicial de Luis Salom no acabó aquí, y consiguió que el Alcalde de Valencia, Joan Ribó, declarara en calidad de investigado por una denuncia interpuesta, supuestamente, por negar a la oposición la información que le había solicitado en relación a la encuesta sobre la percepción del colectivo fallero, presentada en 2017. Una denuncia, esta vez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos que, de nuevo, volvió a ser archivada. Entonces Ribó apuntaba las intenciones del asesor del PP con tanta denuncia: ‘intentar demostrar ante la sociedad algo imposible, que todos somos iguales’.
El último blanco de las flechas de Salom ha sido el concejal de Comercio y Relaciones con los Medios, Carlos Galiana, también por un presunto fraccionamiento de contratos relativos a la prestación del servicio de comunicación en redes sociales y gestión de la web. Por el momento, el próximo 10 de septiembre, tendrá que prestar declaración sobre los hechos descritos en la última denuncia de Luis Salom. Desde la concejalía ya se han pronunciado al respecto: ‘Es una más de las denuncias que ha interpuesto a destajo. Se han ido archivado una detrás de otra, y solo persiguen continuar ensuciando la imagen de València, instrumentalizando la justicia por puro interés partidista’. ¿Quién será el siguiente objetivo?