Con motivo del segundo aniversario del trágico incendio de Campanar (que se produjo el 22 de febrero de 2024) el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio ha realizado una encuesta sobre la percepción de la ciudadanía valenciana respecto a la seguridad en las fachadas de los edificios. Los resultados muestran que el 94,6% de los valencianos se siente preocupado por el uso de materiales que puedan favorecer la propagación del fuego, cifra superior a la media nacional del 91%; mientras que el 88,2% reclama una normativa más estricta para impedir el uso de componentes combustibles, especialmente en edificios de gran altura y de uso sensible como hospitales, colegios o residencias de mayores.
Para profundizar sobre este tema y saber si estamos mejor preparados para evitar que incendios como el de Campanar vuelvan a ocurrir en la ciudad de Valencia, hoy hablamos con Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio.
Teniendo en cuenta el aniversario del incendio de Campanar, ¿qué lecciones se han aprendido y qué ha cambiado desde entonces en materia de prevención y seguridad contra incendios en edificios?
Lo más importante, gracias a iniciativas como la del observatorio, en el que elaboramos un manifiesto para cambiar la normativa y que fue validado y refrendado por 22 asociaciones a nivel nacional, trasladado al Ministerio y después al Congreso de Diputados y al Senado, es que se ha puesto en marcha una revisión del Código Técnico. Esa revisión ya se ha elaborado, se ha puesto a información pública y el periodo de alegaciones ha finalizado.
Es fundamental contar con un marco normativo, porque solo con concienciación o percepción de riesgo no es suficiente, ya que los ciudadanos desconocen cómo son los materiales y eso dificulta el cambio. Necesitamos una normativa que respalde estas medidas. Esa normativa existe: es el Código Técnico de Verificación, el documento básico de seguridad contra incendios, que sufrió una última revisión después del incendio de la torre Grenfell en Londres.
El gran problema es que España se quedó a la cola en exigencias respecto al resto de Europa, siendo el país menos exigente. Incluso países como Rumanía, sin haber tenido un incendio como el de Valencia, modificaron su normativa el año pasado con mayores requerimientos.
En la encuesta, un alto porcentaje de los valencianos reclama una normativa más estricta, ¿es esto lo que se conseguirá? ¿Qué cambios implicará?
Lo que va a cambiar es que ya no se podrán utilizar materiales combustibles en aquellos edificios que consideramos de alto riesgo.
Más allá de la normativa, ¿qué papel deberían jugar promotores, arquitectos y comunidades de propietarios?
El papel del promotor y del arquitecto es fundamental: deben optar por materiales que no sean combustibles. Existen soluciones estéticas equivalentes a los materiales tradicionales y con la misma eficiencia energética. El problema ha sido que históricamente se han utilizado materiales combustibles, y cambiar este paradigma llevará tiempo, pero la normativa podrá impulsar el cambio desde la raíz.
La encuesta indica, además, que el 94,6% de los valencianos muestra preocupación por el uso de materiales combustibles en edificios, ¿cómo se interpreta este dato?
El ciudadano percibe que los materiales combustibles representan un grave riesgo, pero muchas veces no puede identificarlos. Para ayudar en esto, desde el observatorio hemos creado una guía visual que permite reconocer los materiales y distinguir si son combustibles o no.
La guía se puede consultar en la página web del observatorio.
¿Estamos mejor preparados para evitar un incendio como el de Campanar?
Todavía no estamos preparados. Desde el incendio, la rehabilitación de edificios ha crecido, y muchos se siguen haciendo con materiales combustibles, lo que es un grave problema. La normativa de aumento solo está en borrador y mientras no se apruebe estamos sin amparo.
Además, el borrador actual tiene problemas: los ensayos a gran escala de los materiales se basan en un estándar británico que ya no se utiliza en edificios altos en Inglaterra ni en Escocia. Esto genera un problema de referencia normativa y, además, potencia un mercado fuera de la Unión Europea, lo que da ventaja a fabricantes británicos sobre los europeos. Quería enfatizar que esto no solo presenta problemas de seguridad, sino que también favorece a fabricantes fuera de la UE, lo que tiene implicaciones de mercado importantes.