La Ciudad de las Artes y las Ciencias sigue siendo el epicentro de la música este 2026, aunque la sombra de la sentencia judicial sobre la celebración de los grandes festivales mantiene en vilo a miles de asistentes y trabajadores. Los promotores de Love the 90's, BigSound, Festival de Les Arts y I Love Reggaeton han asegurado este jueves 9 de abril que todos los eventos siguen programados, a la espera de que Ayuntamiento, Generalitat y Cacsa definan su posición y desbloqueen la situación.
En un comunicado conjunto, PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR explican que tanto la sentencia judicial como la comunicación del Ayuntamiento “no impiden por sí mismas la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica”. De hecho, señalan que la Ciudad de las Artes no les ha remitido ningún escrito que prohíba formalmente los conciertos, y reclaman una reunión urgente con todas las administraciones implicadas para evitar que la incertidumbre se alargue más tiempo.
El impacto económico de estos festivales es enorme: más de 80.000 entradas vendidas, alrededor de 8.000 trabajadores movilizados y 40 millones de euros de beneficio directo para la ciudad, además de dos millones de euros recaudados por la Ciutat. Los promotores recuerdan que los festivales forman parte de un ecosistema cultural que genera actividad durante meses, moviliza artistas, técnicos y proveedores, y proyecta a Valencia como un referente musical a nivel nacional e internacional.
¿Qué pasará con Umbracle?
En paralelo, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha aclarado que se están tomando medidas para equilibrar la oferta cultural y el descanso vecinal, especialmente en espacios como la terraza de la discoteca ubicada en Umbracle, donde los conciertos deberán ajustarse a la normativa acústica. Según Catalá, la intención es repartir los eventos por distintos puntos de la ciudad para evitar la saturación y mantener viva la actividad cultural sin perjudicar a los vecinos.
A pesar de la presión y la polémica, los promotores mantienen la calma y aseguran que los festivales continúan programados. Sin embargo, la falta de diálogo efectivo con las administraciones ha generado críticas: la espera de dos semanas desde la sentencia judicial mantiene en incertidumbre a miles de asistentes y trabajadores, mientras la reventa de entradas sigue disparándose.
Las conversaciones con la Ciudad de las Artes indican que la ubicación original de los festivales no está en discusión, aunque los organizadores reconocen que la normativa acústica podría implicar ajustes en la forma de realizar los conciertos. La tensión refleja un desafío entre la proyección cultural de Valencia, la economía del sector y el respeto al descanso vecinal.