La Asociación Vecinal de Benimaclet ha denunciado públicamente, a través de un comunicado, la situación que se está viviendo en el barrio valenciano en relación con la atención a personas migrantes que buscan regularizar su situación administrativa. Según la entidad, la gestión por parte de las administraciones públicas está siendo “claramente insuficiente”, lo que está generando escenas de precariedad y desamparo en los últimos días.
De acuerdo con la asociación, numerosas personas migrantes se ven obligadas a hacer largas colas durante horas —incluso durante la noche— para poder acceder a servicios de información y tramitación de documentación. Esta situación, aseguran, responde a la falta de recursos habilitados por parte de las instituciones responsables, tanto en espacios físicos como en personal especializado que pueda atender la demanda existente.
Ante este escenario, entidades sociales del barrio han asumido un papel clave para paliar la situación. Es el caso de la Asociación Rumiñahui, con sede en Benimaclet, que está ofreciendo apoyo voluntario a las personas afectadas. Sin embargo, desde la asociación vecinal subrayan que este tipo de servicios deberían ser garantizados por la administración pública y no depender de la acción voluntaria de colectivos ciudadanos.
“Estamos viendo cómo personas que llevan años trabajando y viviendo en nuestro país tienen que pasar la noche en la calle para intentar ser atendidas al día siguiente”, señalan fuentes de la asociación. La entidad considera que esta situación no es propia de una sociedad avanzada ni de un sistema democrático que garantice derechos básicos.
Además, advierten que lo que ocurre en Benimaclet no es un caso aislado. Según indican, se están registrando situaciones similares en otros barrios de la ciudad con alta presencia de población trabajadora, lo que apunta a un problema estructural en la gestión de estos servicios.
Por todo ello, la Asociación Vecinal de Benimaclet ha instado a las administraciones locales a cumplir con la normativa vigente en materia de atención a personas migrantes. En su comunicado, también reclaman que, en caso de no poder garantizar estos servicios de forma adecuada, los responsables políticos asuman su responsabilidad.
La situación ha generado preocupación entre vecinos y colectivos sociales, que alertan del impacto que esta falta de recursos puede tener tanto en la convivencia como en los derechos fundamentales de las personas afectadas. Mientras tanto, las entidades del barrio continúan organizándose para ofrecer apoyo, a la espera de una respuesta institucional que, por el momento, consideran insuficiente.