Un giro inesperado en el Ayuntamiento de València ha dejado en el aire la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Este martes, durante un pleno marcado por la tensión, Vox ha votado en contra de una ordenanza que hasta hace poco apoyaba, frustrando los planes del equipo de gobierno para limitar la circulación de vehículos contaminantes en la ciudad desde el 1 de diciembre.
La votación en el pleno ordinario de octubre ha terminado con 19 votos en contra frente a 13 a favor. La decisión ha sorprendido tanto a la oposición como al PP y ha reabierto un debate sobre la protección del aire urbano y las subvenciones europeas que podrían perderse si no se aprueba la normativa.
Vox, que forma parte del equipo de gobierno junto al PP, ha justificado su postura alegando que la normativa vulnera “la libertad de movimiento de los valencianos” y criticando que se trata de una imposición derivada de políticas climáticas de Bruselas y del Gobierno central. Según su portavoz, José Gosálbez, la medida responde a una directiva europea que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones, aunque él considera que Valencia ya cuenta con otras soluciones de movilidad.
Una normativa demasiado permisiva
PSPV y Compromís tampoco respaldaron, desde un primer momento, la ordenanza. Ambos partidos llevan meses denunciando que la propuesta inicial del PP era demasiado laxa, con muchas exenciones y restricciones que solo limitaban el tráfico a los coches con etiqueta A procedentes de fuera de la provincia.
Para la oposición, la medida “no cumple con su objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire”, sino que solo busca cumplir formalmente con la normativa europea. De hecho, los coches más contaminantes matriculados en Valencia no se verían afectados hasta 2028, según la ordenanza planteada.
La ZBE tenía previsto restringir, desde diciembre hasta finales de 2026, el tráfico de vehículos con etiqueta A procedentes de fuera de la provincia, es decir, coches de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006. A partir de 2027 se multaría a los vehículos con etiqueta A de la provincia, y solo en 2028 comenzarían las restricciones para los vehículos matriculados en Valencia.
Para intentar salvar la situación, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha llegado a proponer ampliar la zona a toda la ciudad, pero las negociaciones exprés no han prosperado y el pleno ha concluido sin acuerdo. Ahora, la paralización de la ZBE pone en riesgo hasta 115 millones de euros en subvenciones europeas destinadas a reducir la contaminación y mejorar la movilidad urbana. Aunque no todo esta perdido, ya que la aprobación definitiva aún podría ocurrir en el pleno de noviembre, pero las posiciones parecen lejos de acercarse.