En plena crisis sanitaria por la epidemia del COVID-19, los vecinos que convivimos con las viviendas de uso turístico (VUT), buena parte de ellas ilegales, tenemos que sumar, a la legítima preocupación general que compartimos con todos los españoles, una más particular provocada por el funcionamiento continuado de estas eludiendo todo control en pleno estado de alarma. Ahora, los vecinos debemos preocuparnos aún más como consecuencia de la decisión irresponsable del Ministerio de Transportes de Movilidad y Agenda Urbana, mediante Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, que declara servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos.
Mientras el Ministerio de Transportes de Movilidad y Agenda Urbana decretaba en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, "…la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, incluyéndose hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional…", apenas unos días después abre la puerta a que estas viviendas turísticas sigan funcionando.
La autorización no tiene en cuenta que algunos de los alojamientos turísticos autorizados son viviendas de uso residencial en comunidades de vecinos reconvertidas en pisos turísticos. Ni que, junto a muchas pensiones y hostales, carecen de acceso independiente, compartiendo en viviendas de uso residencial, al acceso a elementos comunes junto al resto del vecindario (portal, entrada, rellano, ascensor, escaleras, etc.).
Desde un punto de vista sanitario esta medida es un disparate. En tiempo de cuarentena y de aislamiento, autorizar un mayor tránsito de personas en los edificios, máxime personas que, por su servicio, están en contacto permanente con población de riesgo de contagio, puedan acceder a apartamentos turísticos, hostales y pensiones que comparten con el resto de los vecinos servicios comunes, es temerario.
Lejos de ayudar a la lucha contra el COVID-19, tememos que esta resolución del Gobierno lo que consigue es meter la enfermedad y el miedo en nuestros edificios, donde están nuestros mayores, personas en riesgo y familias.
Los héroes que luchan en esta guerra del coronavirus no quieren poner en riesgo a sus familias. Entendemos y aplaudimos el uso de los hoteles y similares, edificios dotados con instalaciones y toda clase de servicios, personal adecuado para asistir a las personas que alojan y protocolos de control y desinfección.
Pero esto no sucede en las viviendas turísticas, que comparten espacio y zonas comunes con hogares. Y que además se han caracterizado en estos años por una flagrante falta de preocupación por el control sanitario, la higiene y la limpieza. No tienen personal que vaya a desinfectar continuamente zonas comunes, para protegerlas del trasiego de extraños, poniendo por tanto en grave riesgo sanitario a nuestros mayores y familias.
Resulta imposible, tal y como obliga el propio artículo 1 de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, que compartiéndose elementos comunes entre usuarios de alojamientos turísticos y residentes se garantice la protección de los vecinos frente al COVID 19.
Entendemos la urgencia con la que trabaja el Ministerio de Transportes de Movilidad y Agenda Urbana en estos días de crisis, pero esa urgencia no justifica el aumentar el riesgo de propagación del COVID-19 entre miles y miles de familias encerradas de forma literal en sus viviendas mientras se invita a convertir sus edificios en algo que no son.
Así mismo, basta una comprobación rutinaria para comprobar cómo portales como Aibnb permiten realizar reservas coincidiendo con el período de confinamiento, invitando así a incumplir las restricciones del estado de alarma y dar campo a actividades clandestinas o delictivas en ellos. El Estado tiene a su alcance herramientas legales para bloquear el acceso de los usuarios a páginas web. Así se hace en el caso de que vulneren derechos de propiedad intelectual, con mayor razón debe hacerse cuando la actividad de los portales de internet que ofertan viviendas turísticas pone en peligro la salud de las personas.
Por ello, solicitamos que:
1º. Que se suprima como servicio esencial cualquier modalidad de alojamiento turístico (piso turístico, hostal o pensión) que comparta elementos y/o zonas comunes entre residentes y usuarios de alojamientos turísticos.
2º. Que de forma expresa se señale por Orden Ministerial que la prestación de servicio de alojamientos, hasta que dure el estado de alarma, se deberá hacer en alojamientos que no comportan elementos y/o zonas comunes entre residentes y usuarios.
3º. Que de forma expresa se señale que procede el cierre de aquellos alojamientos turísticos, independiente de su denominación, que compartan elementos y/o zonas comunes entre residentes y usuarios.
4º. Que se adopten cuantas medidas sean precisas para bloquear el acceso de los usuarios a portales como: Airbnb, Niumba, Booking, y demás portales web dedicados a intermediar en el alojamiento turístico en viviendas, durante el periodo que se someta a los ciudadanos a aislamiento y cuarentena.