El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas sociales y económicos más urgentes en la provincia de Valencia. Según las previsiones, hasta 2030 serán necesarias 133.340 viviendas nuevas para poder atender la demanda del mercado inmobiliario. Sin embargo, con la oferta actual apenas se cubriría un 38 % de las necesidades, lo que dejaría un déficit acumulado que superaría las 218.000 unidades. Así se desprende del último informe sobre la vivienda elaborada por Cámara Valencia.
Pero, ¿qué pasará si no se atiende la demanda habitacional en la provincia de Valencia? De acuerdo con los expertos, no solo generará profundas consecuencias en el plano económico, sino también en el social y en la calidad de vida de la ciudadanía.
El precio de la vivienda ya ha limitado el derecho fundamental de acceso a ella para amplios sectores de la población. Detrás de esta escalada se encuentran múltiples factores de oferta y demanda: el incremento del coste de los materiales y de la mano de obra, la disponibilidad limitada de suelo urbanizable, el estancamiento en el ritmo de construcción y, al mismo tiempo, el aumento de la población, del turismo y de la esperanza de vida. El resultado es un mercado inmobiliario tensionado que amenaza con empeorar si no se adoptan medidas urgentes y eficaces.
Las principales consecuencia para la población si escasea la vivienda
Uno de los principales efectos de no atender a la demanda habitacional es el aumento de la exclusión residencial. Los colectivos más vulnerables – jóvenes, familias con bajos ingresos, personas migrantes o mayores con pensiones reducidas – serían los más afectados, quedando fuera del mercado por la imposibilidad de afrontar los altos precios de compra o alquiler.
El déficit de oferta también incrementaría la dependencia de ayudas públicas. Cada vez más hogares se verían obligados a solicitar subvenciones o bonificaciones para poder afrontar el pago de una vivienda digna. Esta dinámica se traduce en un mayor gasto público y en la necesidad de reforzar las políticas sociales, con el riesgo de que no alcancen a cubrir a toda la población necesitada.
Asimismo, la falta de vivienda adecuada puede dar lugar a la aparición de asentamientos informales o viviendas en condiciones precarias. Estos escenarios conllevan problemas de salubridad, inseguridad y marginación social que comprometen la cohesión del territorio.
Otro de los efectos directos de la falta de vivienda es el hacinamiento. Muchas familias se ven obligadas a compartir viviendas o a alquilar habitaciones en pisos que no están preparados para acoger a varias unidades familiares. Esta situación genera tensiones de convivencia y un deterioro de la calidad de vida.
La ausencia de un desarrollo urbanístico acompasado también puede fomentar la creación de guetos periféricos. El encarecimiento de la vivienda en el centro urbano desplaza a parte de la población a zonas alejadas, con menos servicios y peor conectadas. Esto implica mayores desplazamientos diarios y, por tanto, un aumento en el tiempo invertido, el gasto en transporte y la huella medioambiental.
Ante este panorama, la Cámara de Comercio de Valencia subraya la necesidad de impulsar una estrategia metropolitana que permita ordenar el crecimiento urbano más allá de los límites administrativos de la capital. El objetivo sería vertebrar mejor el área metropolitana, garantizando servicios básicos, transporte público eficiente y nuevas infraestructuras que eviten la sobrecarga en el núcleo central de Valencia.
Encarecimiento del suelo y estancamiento de la construcción
A los problemas sociales y urbanos se suma un factor económico decisivo: el encarecimiento del suelo. En la provincia de Valencia, el precio del suelo urbano bruto es un 31 % más caro que la media nacional y puede llegar a representar hasta el 40 % del coste final de una vivienda nueva.
El informe de Cámara Valencia señala que en 2024 este precio se situaba un 23 % por encima del mínimo de 2014, lo que contribuye de manera directa a que la vivienda sea menos accesible. Si a ello se añade el incremento sin precedentes del coste de materiales y de la mano de obra, se entiende por qué la provincia es una de las más tensionadas de España.
Además, el ritmo de construcción permanece estancado desde hace más de una década. Entre 2007 y 2013 la edificación cayó un 98 %, y en los últimos cinco años apenas se han construido 23.911 viviendas, lo mismo que en el año 2000. La situación es similar en el caso de la vivienda protegida, lo que reduce aún más las alternativas para las familias con menos recursos. Actualmente, se construyen menos viviendas de las que se venden, lo que agrava el desajuste estructural entre oferta y demanda.
Ante este panorama, la Cámara de Comercio de Valencia propone cuatro medidas clave:
- Impulso de la estrategia metropolitana, que vertebre el área urbana de Valencia con transporte, servicios de proximidad y hubs intermodales.
- Incremento del suelo urbanizable, mediante la recalificación y la agilización de los procedimientos administrativos, que hoy pueden prolongarse hasta 15 años.
- Revisión del marco normativo y tributario, para facilitar la construcción y establecer precios más asequibles. Entre las propuestas figuran la eliminación del IVA en la compra de la primera vivienda, la recuperación de deducciones en el IRPF y el fomento de deducciones por alquiler.
- Política de vivienda pública, con especial atención a la vivienda protegida, para garantizar un acceso equitativo y asequible para todos los segmentos sociales.
No atender la demanda habitacional en Valencia supondrá un grave riesgo para el derecho a la vivienda, generando mayor exclusión, desigualdad y presión sobre los recursos públicos. Además, tendrá consecuencias urbanísticas y medioambientales, al fomentar guetos periféricos, desplazamientos forzosos y asentamientos informales.
La clave está en actuar con una visión integral: aumentar la oferta, abaratar el suelo y mejorar la planificación metropolitana. Solo con un esfuerzo coordinado entre administraciones, empresas y sociedad civil se podrá garantizar que la provincia de Valencia disponga del parque de viviendas suficiente y sostenible para atender las necesidades presentes y futuras de su población.