Un año después de la DANA que devastó buena parte de Valencia, los expertos coinciden en que el episodio marcó un antes y un después en la forma de entender la gestión del territorio, la planificación urbana y la prevención de riesgos. La catástrofe no solo evidenció las debilidades del modelo de ocupación del suelo, sino también la falta de coordinación entre administraciones y la necesidad urgente de adaptar las políticas públicas al nuevo contexto climático del Mediterráneo.
Estas fueron algunas de las principales conclusiones del seminario celebrado el 28 de octubre en la Universitat de València, organizado por la Cátedra Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo. La jornada reunió a especialistas del ámbito académico, representantes institucionales, actores económicos y sociales, técnicos de servicios públicos y miembros de la sociedad civil con el objetivo común de evaluar la gestión del primer año tras la DANA y reflexionar sobre cómo preparar el territorio para un futuro en el que las lluvias extremas serán más frecuentes y devastadoras.
Los debates, coordinados por los profesores Ana Camarasa y Joan Romero, mostraron una opinión generalizada entre los participantes: el cambio climático ya está modificando el patrón del riesgo. Los episodios de precipitaciones intensa - opinan - no solo se repetirán, sino que pueden alcanzar caudales sin precedentes. En consecuencia, el riesgo de inundación en espacios como los que sufrieron los efectos de la DANA nunca desaparecerá, pero sí puede mitigarse si se actúa con previsión y coherencia territorial.
El Mediterráneo, una región en riesgo creciente
Los especialistas insistieron en que el Mediterráneo será una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Se trata de un territorio históricamente expuesto a episodios de lluvias torrenciales, pero ahora estos fenómenos se agravan por la alteración del clima y por una ocupación del suelo que ha desbordado la lógica ambiental. “No podemos seguir actuando como si los riesgos fueran coyunturales; son estructurales y requieren una respuesta de Estado”, coincidieron varios ponentes, reclamando un gran pacto nacional por el clima que coordine a todas las administraciones.
La jornada también sirvió para revisar las políticas urbanísticas y de ordenación del territorio, donde el consenso fue amplio. Los expertos defendieron que la adaptación al cambio climático debe incorporarse de manera inmediata a los planes urbanísticos, revisando la delimitación de zonas inundables y adecuando la calificación del suelo en áreas de riesgo.
Se pidió además mejorar la cartografía de peligrosidad, reubicar infraestructuras críticas y promover una renaturalización planificada que permita absorber los efectos de lluvias extremas mediante soluciones basadas en la naturaleza. En el ámbito local, se destacó la importancia de impulsar planes municipales de adaptación, acompañados de campañas de educación y formación ciudadana sobre gestión del riesgo. “La prevención no puede improvisarse”, se recalcó.
Movilidad, burocracia y cultura de la prevención
Otro de los temas que centró el debate fue la movilidad en el área metropolitana de Valencia, uno de los sistemas más tensionados tras la DANA. Los datos son elocuentes: 250 millones de desplazamientos anuales, el 90 % en vehículo privado. Los expertos apuestan por vincular las políticas de transporte a la ordenación del territorio, avanzar hacia un modelo metropolitano policéntrico y reformar la EMT.
En materia de gestión de emergencias, la DANA dejó lecciones duras. El seminario coincidió en que es necesario revisar los protocolos actuales, clarificar competencias y diseñar estructuras preparadas para escenarios extremos. Se reclamó una apuesta firme por la cultura de la prevención, la realización de simulacros frecuentes y una mejor información ciudadana en materia de alerta temprana.
También, se puso el foco en la necesidad de agilizar los procedimientos burocráticos en situaciones de emergencia, eliminando trabas administrativas y creando ventanillas únicas para canalizar ayudas y recursos. Y es que muchos municipios afectados siguen sin poder ejecutar los fondos concedidos por falta de personal o por un marco normativo demasiado rígido.
Las conclusiones se extendieron también al ámbito social y económico. Los ponentes insistieron en la importancia de reforzar la protección social, garantizar la cobertura de seguros y simplificar los procesos de ayuda pública. Se mencionó el papel que desempeñaron los ERTE como escudo social tras la DANA, junto con la regularización de casi 20.000 personas que permitió sostener el empleo.
Sin embargo, se subrayó la necesidad de revisar la situación de los autónomos en cese de actividad y de mejorar la información a los trabajadores sobre qué hacer ante distintos niveles de alerta. Además, se planteó actualizar la legislación de riesgos laborales para incluir los riesgos ambientales, incrementando las ayudas a los sectores más vulnerables.
La jornada se cerró con la intervención de Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, quien recordó que la catástrofe no puede quedar en el olvido. “No basta con reparar lo que se ve. Hay que acompañar, escuchar y aprender. La reconstrucción es también emocional”, afirmó. El mensaje final del seminario fue unánime: la DANA no fue un episodio aislado, sino un aviso.