La Conselleria de Educación ponía cifras el pasado mes de febrero al problema del ciberacoso en los colegios e institutos públicos valencianos, una forma de bullying cuyo canal principal es internet y las redes sociales. Según el departamento que dirige el conseller José Antonio Rovira, los casos de acoso y también ciberacoso denunciados a través de la plataforma ITACA Previ pasaron de 610 en el curso 2018-2019 a 1.125 durante el último año académico.
Ante un problema de tal magnitud y siendo “una cuestión de enorme complejidad y relevancia”, según describió Rovira en la ‘Jornada sobre el acoso y la violencia escolar’, la Conselleria anunció que el uso de los dispositivos móviles en los centros de titularidad pública quedaba prohibido. Una medida que fue dada a conocer el pasado jueves coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar y que, aunque restringía de forma generalizada el uso del móvil durante la jornada escolar, sí incluía dos supuestos en los que estos estarán permitidos.
En primer lugar, cuando se realicen actividades didácticas, siempre y cuando estén supervisadas por un docente, en las que los dispositivos móviles de cada alumno se empleen como herramienta de aprendizaje; y también estará autorizado su uso individual por razones de salud u otros motivos justificados por la dirección del centro. Así, el veto generalizado a los móviles estará activo durante toda la jornada lectiva, incluidos tiempo de recreo y periodos dedicados al desarrollo de actividades complementarias y extraescolares; y su vigencia empieza este lunes y se alargará hasta que finalice el presente curso.
Ante posibles incumplimientos de esta normativa, la resolución indica que será cada centro quien establezca, dentro de sus normas de organización y funcionamiento, el procedimiento de retirada, custodia temporal y devolución de los dispositivos. Un aspecto que deja la puerta abierta a que sea cada institución educativa la que fije sus ‘modus operandi’ para hacer efectiva esta prohibición; aunque la norma autonómica sí especifica que en el momento de retirar el dispositivo este deberá estar apagado por “privacidad”.
Las AMPA lamentan no haber participado en el texto de la resolución
Tras el anuncio del departamento autonómico de Educación, la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana Gonzalo Anaya, fue una de las primeras entidades en pronunciarse al respecto. Una organización que engloba a las asociaciones de AMPA de las provincias de Castellon, Valencia y Alicante y que siempre se ha mostrado favorable a reducir el uso de los teléfonos móviles en las aulas.
De hecho, desde la Gonzalo Anaya, señalan a València Extra que “la resolución regula lo que ya se estaba haciendo en la mayoría de centros” gracias a la implantación de reglamentos de régimen interno y normas de convivencia en los centros donde se detallan “los casos en los que el alumnado podía o no podía utilizar el móvil”. Por esta razón, desde la Confederación echan en falta que la Conselleria no haya consultado previamente esta resolución con las organizaciones afectadas para que estas “pudieran aportar su visión y compartir el éxito de experiencias positivas que ya se están llevando a cabo en otros centros”, exponen.
Más dispositivos tecnológicos públicos en los centros para evitar el uso del móvil privado
Desde el ámbito sindical, la Federació d’Ensenyament de CCOO (FECCOOPV) se manifiesta en la misma línea que la Gonzalo Anaya sobre la prohibición anunciada por la Conselleria: “Es una norma que era necesaria porque universaliza lo que ya se hacía en la mayoría de centros, aunque la aplicación dependía de cada uno”, confirma a València Extra Francesc Cayo, el coordinador de Acción Sindical de la FECCOOPV. Sin embargo, el sindicato apunta que se trata de una “resolución estética” y esta “solo refuerza el régimen interno de cada centro donde se incluye qué sanciones hay si se incumple la norma de uso de los móviles.
Por otro lado, el coordinador subraya la necesidad de que la prohibición del móvil vaya aparejada a un aumento de la dotación de dispositivos tecnológicos para los centros educativos, como por ejemplo “ordenadores o tablets”, que eviten que sea el alumnado quien tenga que usar su propio móvil durante las clases. “Si de verdad queremos erradicar el uso del móvil en los colegios lo que hay que hacer es prohibir su entrada”, añade Cayo.
Además de incrementar e incorporar más equipos tecnológicos públicos al proceso de aprendizaje del estudiantado, Francesc Cayo también alude a que la regulación del uso de los dispositivos móviles se debe compaginar con “medidas pedagógicas de alfabetización y seguridad digital” dirigidas a toda la comunidad educativa, tanto padres y madres, como alumnado y personal docente.