Hace apenas unos días, los boletines oficiales de diversas comunidades autónomas entre las que se encuentra la Comunidad Valenciana, anunciaban un nuevo paquete de medidas con restricciones de cara a la actividad de juego privado. El gobierno autonómico parece ver al sector como un peligro en lo que al avance del covid-19 se refiere y ha endurecido unas normas que ya eran duras de por sí anteriormente. Una situación que deja a establecimientos dedicados al juego, y en especial a los bingos, en un momento muy delicado y en el que queda en entredicho si de aquí a unos meses podrán continuar con su actividad como hasta ahora. Lejos queda el imparable avance del bingo electrónico hace apenas un año. Todo ha cambiado.
En otras comunidades como Cataluña o Cantabria las medidas son muy claras y son las de cerrar los locales de apuestas. En la comunidad, lo que se pretende es reducir el aforo del 50% al 30%, limitar las mesas a una ocupación máxima de 6 personas en cada una de ellas, eso siempre que existe una distancia establecida de dos metros entre los jugadores, y que la ocupación de las barras quede totalmente prohibida. Algo que no ha sentado nada bien en unos empresarios que ya venían denunciando un trato desfavorable previamente y a los que ahora se les complica aún más la supervivencia.
Sin ir más lejos, The Rank Group, propietario de varias salas de bingo enracha por toda España ha registrado un 15% de caída en sus ingresos anuales en este 2020. Sus bingos del centro de las ciudades de Madrid y Barcelona han sido de los más afectados en cuanto al número de visitas y esos malos números en lo económico, mientras que locales de poblaciones más específicas como el enracha Reus de Tarragona o el enracha Zahira de Córdoba curiosamente han tenido una tendencia favorable, una vez que los consumidores han podido recuperar la confianza de acudir presencialmente a la sala.
Sin embargo, en Valencia hay muy pocos buenos datos que remarcar. "Estamos al 52% de pérdidas de ingresos y necesitamos también una ayuda inmediata", dijo Julián Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Juegos Legalizados (EJUVA), en una rueda de prensa organizada por FOTUR para reivindicar la situación de todo el sector del ocio y la restauración, y exigir ayudas a las administraciones. La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines a la Comunidad Valenciana, habló de unas pérdidas de 58 millones de euros en los primeros seis meses del año 2020 en un mercado que representa el 1,8% del PIB valenciano y que hace dos cursos iba de récord en récord.
En esta presentación, se dejó claro que en juego están casi 2.500 empresas de las tres provincias de la comunidad que viven con la incertidumbre de si tendrán que cerrar su negocio de cara al próximo año si las condiciones no mejoran. Eso supone la posible eliminación de hasta 20.000 puestos de trabajo y entre ellos hay mucho personal de los bingos. Sánchez aseguró en su intervención que considera que hay un claro trato desfavorable, ya que en ninguna sala se ha registrado un contagio por coronavirus, ya que se están respetando en todo momento las medidas establecidas, por duras que pudieran ser.
Algo que han refrendado desde instituciones como UGT, que han reivindicado la protección a un sector que se ha visto tan afectado como el de los salones de juego durante esta pandemia. Miguel Ángel Rodríguez, secretario general de la organización en materia de juego, indicaba en una entrevista para InfoPlay que la situación es cada vez más insostenible. "La situación es muy difícil, la facturación y las visitas han descendido y según los datos que nos facilitan estaríamos hablando alrededor de un 50% de descenso", afirmaba Rodríguez, que también indicó que el primer trimestre del próximo año será clave para ver que ocurre con los locales en situación de ERTE.
Esa es otra de las preocupaciones del patronato, puesto que una vez que regrese la actividad, es posible que para entonces muchos trabajadores ya no sean necesarios en sus puestos. Todo ello, además, considerando que los bingos cumplen a la perfección con las medidas sanitarias y los protocolos anti-covid que en su día fueron acordados con las administraciones de las comunidades autónomas. Incluso apunta a que las restricciones tan extremas lo único que están consiguiendo es que se produzca un aumento del negocio de juego ilegal. La prohibición llama a la ilegalidad en muchos aspectos de la economía y este sector no se libra de ello.
Los avisos y la reclamación que llevó a cabo FOTUR parece no haber tenido demasiado efecto en el gobierno de la Comunidad Valenciana, que presentaba esas nuevas medidas que se lo ponen todavía más complicado a empresarios y trabajadores de los bingos. FOTUR ya dejó claro que la mejor vacuna era que les permitieran trabajar, que se abrieran la mitad de las salas que se encuentran cerradas y que para las que tenían el privilegio de estar abiertas se rebajaran las medidas. O que al menos hubiera un plan de rescate como se ha llevado a cabo en otros sectores. De poco parece haber servido una petición de socorro que se antojaba más que necesaria.