La Comunitat Valenciana se prepara para un escenario de fuerte conflictividad educativa tras la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 11 de mayo de 2026 por parte de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) y los principales sindicatos del sector, entre ellos STEPV, CCOO y UGT, junto a otras organizaciones como CGT o CNT. La decisión llega después de meses de negociación con la Conselleria de Educación, que, según los convocantes, no ha aceptado las principales reivindicaciones del profesorado.
El punto de inflexión se sitúa en el rechazo de la consellera de Educación, Carmen Ortí, a asumir el paquete de demandas presentado por el sector, un documento unitario que recoge 40 medidas estructuradas en ocho grandes bloques. Los sindicatos interpretan esta negativa como el cierre de la vía negociadora, lo que ha llevado a registrar oficialmente la huelga indefinida a partir del 11 de mayo.
El conflicto se enmarca en un discurso más amplio sobre el estado de la educación pública, que las organizaciones firmantes describen como un proceso prolongado de deterioro. Según su análisis, no se trata únicamente de mejoras laborales, sino de un problema estructural que afecta al modelo educativo en su conjunto.
Ratios, plantillas y salarios: las principales demandas del profesorado
Uno de los ejes centrales del conflicto es la reducción de las ratios en las aulas. Actualmente, los grupos pueden alcanzar los 25 alumnos en Infantil y Primaria y hasta 30 en ESO, cifras que el profesorado considera excesivas. La propuesta sindical plantea bajar a 15 alumnos en Infantil y Primaria y a 20 en Secundaria y Bachillerato, con el objetivo de mejorar la atención individualizada y la calidad educativa.
Junto a ello, se reclama un incremento de plantillas con la creación de 2.000 nuevas plazas docentes, además del refuerzo del personal especializado en atención a la diversidad y necesidades educativas especiales. El colectivo insiste en que la actual carga de trabajo es difícil de sostener sin un aumento de recursos humanos.
En el plano económico, el conflicto se intensifica por la pérdida de poder adquisitivo. Los sindicatos denuncian que el profesorado valenciano se encuentra entre los peor remunerados del Estado y que la parte autonómica del salario no se ha actualizado en 19 años. Por ello, exigen una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo perdido, la revisión anual conforme al IPC y la recuperación de determinados derechos salariales para el personal interino, como el cobro del verano bajo condiciones específicas.
Infraestructuras, burocracia y modelo educativo en disputa
El tercer bloque de reivindicaciones se centra en las condiciones estructurales del sistema educativo. El profesorado reclama un plan de adecuación climática de los centros escolares para hacer frente a las temperaturas extremas que afectan cada año al desarrollo de las clases. También se exige la mejora de infraestructuras, la finalización de proyectos como el plan Edificant y la aceleración de la reconstrucción de centros dañados por fenómenos meteorológicos recientes.
Otro de los puntos destacados es la reducción de la burocracia. Los docentes denuncian que una parte significativa de su tiempo se destina a trámites administrativos repetitivos, lo que resta horas a la enseñanza directa. La propuesta incluye simplificar procedimientos, eliminar informes duplicados y avanzar hacia una digitalización más eficiente, tomando como referencia modelos de otras comunidades autónomas.
El acuerdo unitario también incorpora un componente educativo y cultural. Los colectivos firmantes defienden un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe y sitúe el valenciano como lengua de cohesión social. Además, exigen la retirada de medidas que consideran restrictivas respecto a la presencia de autores catalanes y baleares en el currículo, lo que ha añadido una dimensión política al conflicto.
Movilización social y cuenta atrás hacia la huelga indefinida
La gran novedad del conflicto no se encuentra únicamente en la convocatoria de la huelga indefinida, sino en la estrategia de movilización previa que está articulando el movimiento docente. La CADPV ha impulsado una agenda de acciones coordinadas en decenas de municipios de la Comunitat Valenciana para reforzar el apoyo social y preparar el terreno antes del 11 de mayo.
El 7 de mayo se ha fijado como una fecha clave dentro de esta estrategia. Ese día se celebrará una jornada de lucha y convivencia educativa en 14 municipios, con actividades simultáneas en centros de localidades como Valencia, Alicante, Elche, Gandia, Castellón o Xàtiva. El programa incluye charlas informativas sobre las reivindicaciones, talleres de creación artística, espacios de poesía, elaboración de pancartas, conciertos y encuentros comunitarios.
El objetivo declarado de estas jornadas es mostrar la fuerza y la unidad del movimiento docente, pero también implicar directamente a la comunidad educativa en su conjunto. Profesores, alumnado y familias están llamados a participar en estas actividades, que se plantean como espacios abiertos de debate y convivencia en defensa de la educación pública.
En paralelo, se están organizando encierros y encuentros comarcales, como el de l'Horta Nord, en el IES Francesc Badia de Foios, donde se celebrarán asambleas, mesas informativas y actividades lúdicas para explicar los motivos de la huelga y resolver dudas sobre su desarrollo. Estos encuentros buscan consolidar una red de apoyo territorial que refuerce la convocatoria de huelga indefinida.
Los colectivos convocantes insisten en que la situación actual en los centros educativos es límite: aulas con ratios elevadas, sobrecarga burocrática, falta de sustituciones inmediatas, infraestructuras insuficientes y dificultades crecientes para atender la diversidad del alumnado. A ello se suma, según denuncian, una pérdida acumulada de poder adquisitivo y un creciente desgaste profesional.
Servicios mínimos: Educación blinda a los profesores de Bachillerato
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha remitido a las organizaciones sindicales su propuesta de servicios mínimos ante la huelga indefinida, y una de las disposiciones más destacadas de la Conselleria ha sido la propuesta de que el profesorado que imparte clases en segundo de Bachillerato cumpla la totalidad de su horario lectivo. Esta decisión ha sido tomada con el propósito fundamental de garantizar que los estudiantes de este nivel puedan ser evaluados y calificados de manera adecuada, un paso crucial para su posterior acceso a la EBAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad).
El resto de servicios mínimos quedaría así:
- En todos los centros públicos dependientes de la Generalitat, se ha garantizado la presencia de una persona responsable del equipo directivo, cuya función ha sido excluida de actividades lectivas.
- Para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, se ha fijado la asistencia de un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.
- En los centros de Educación Infantil, se ha determinado la presencia de dos o tres educadores o educadoras de educación infantil, dependiendo del número de unidades (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente).
- Los centros específicos de Educación Especial contarán con dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades.
- En los centros que imparten ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, se ha establecido la presencia de un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.
- Para los centros con internado, además de los servicios ya mencionados según su tipología, se han previsto los servicios propios de los días festivos para atender a los alumnos residentes.
En este contexto, la huelga indefinida del 11 de mayo se presenta como un punto de inflexión. Más allá de la negociación institucional, el conflicto se ha trasladado al terreno de la movilización social, donde el profesorado busca ampliar su respaldo y presionar para reabrir el diálogo con la Conselleria de Educación. El desenlace, por ahora, sigue abierto y dependerá tanto de la respuesta política como del seguimiento que logre la convocatoria en los centros educativos valencianos.