Sociedad

CSIF alerta: el gasto por alumno en la Comunitat está entre los más bajos de España

CSIF advierte de graves problemas estructurales por la baja inversión en la Comunitat Valenciana

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Un estudiante realiza uno de los exámenes de la EBAU - Alberto Ruiz

El sindicato CSIF ya ha publicado los datos sobre el gasto de las administraciones públicas por cada alumno en todo el Estado. Se trata de una radiografía completa del sistema educativo que nos presenta varios titulares, especialmente el gasto de nuestra Comunitat, que se sitúa en el puesto número 13 de 19, por detrás de la media española.

El gasto por alumno en la Comunitat se queda en 7.090,56 euros, unos 330 euros menos que la media nacional. Por detrás de la nuestra solo quedan Galicia, Islas Canarias, Andalucía, Madrid, Melilla y, la peor posicionada, Castilla-La Mancha. La que más gasta por cada alumno es el País Vasco, con 12.639 euros, más de 5.000 euros por encima de la media nacional y con una diferencia de más de 3.500 euros respecto a la segunda, Cantabria.

En cuanto al porcentaje de alumnos distribuidos entre centros públicos y privados, la Comunitat Valenciana se mantiene en el bloque central, en un rango de entre el 66,43% y el 72,95% de los estudiantes en centros públicos.

Sin embargo, la Formación Profesional (FP) es, sin duda, la que más sufre los procesos de privatización. La Comunitat Valenciana queda en mejor situación respecto a la media nacional, con un 75,22% de su alumnado en centros públicos, casi diez puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Menos jóvenes sin estudios

Una buena noticia se refleja en el último informe: el abandono escolar parece retroceder. El número de jóvenes entre 18 y 24 años sin ningún tipo de educación secundaria ha caído hasta el 12,98%, con una mejora de tres puntos y medio respecto al año anterior y de más de 15 puntos respecto a 2009, cuando tres de cada diez jóvenes no disponían de ningún estudio. De esta manera, ahora nos encontramos en mínimos históricos, aunque aún superamos en tres puntos la media de la Unión Europea.

Sin embargo, se trata de unos resultados que no se diferencian tanto de la tendencia que reflejan los datos de los últimos años. Y es que, entre 2021 y 2024, los resultados muestran un estancamiento, con una oscilación entre el 14% y el 12% de abandono escolar. El objetivo marcado por la Unión Europea busca reducir esta tasa por debajo del 9% y, con la evolución actual, se prevé que no se consiga, al menos, a corto plazo.

En cuanto a la Comunitat Valenciana, esta se encuentra en una peor situación, con una tasa de abandono escolar del 14,39%, dos puntos por encima de la media nacional. Asimismo, los resultados sobre el número de repetidores resultan un tanto alarmantes: el 28% de los alumnos de la Comunitat llega a 4º de ESO con, al menos, un curso repetido.

Interinidad y condiciones docentes

Otros datos demoledores reflejan la situación en la que se encuentra el profesorado español. El más llamativo es lo que el sindicato califica como “la trampa de la interinidad docente”, prácticamente el pilar sobre el que se sostiene el mercado laboral público de profesores y maestros en nuestro país.

Y es que, a día de hoy, un 30,2% de los docentes en centros públicos son interinos; es decir, casi uno de cada tres profesores no dispone de una plaza fija y esta cifra queda muy por encima del objetivo marcado por la Unión Europea, situado en el 8%.

A ello se le suma otro problema: la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. Tras tener en cuenta la evolución del IPC, el gasto real por docente ha caído un 20% respecto a 2009.

Medidas urgentes en educación

A raíz de todo esto, el sindicato exige más y mejores medidas para corregir los malos datos y adaptarse a las exigencias de la UE. Reclaman un nuevo Estatuto Docente que aumente los sueldos reales y mejore las condiciones de trabajo, así como reducir la interinidad al máximo del 8% y establecer un tope del horario lectivo en 18 horas.

Asimismo, reclaman que aumente la inversión en educación hasta, al menos, un 7% del PIB. De esta manera, cada comunidad autónoma debería asegurar, como mínimo, un gasto real de 7.421 euros.