La nueva consellera de Educación, Maria del Carmen Ortí, ha heredado un departamento que ya funcionaba como una olla a presión y que ahora amenaza con desbordarse. Su llegada al cargo ha coincidido con el estallido de la primera gran huelga educativa del curso y con una advertencia cada vez más clara: si la Conselleria no abre un diálogo real con los sindicatos, el conflicto no solo continuará, sino que podría prolongarse durante meses e incluso desembocar en una huelga indefinida. La jornada del pasado jueves, con miles de docentes en la calle, no es un episodio aislado; es el primer capítulo de un calendario de movilizaciones que los sindicatos tienen dispuesto y que pretenden mantener hasta que el Gobierno valenciano dé pasos firmes.
La protesta fue secundada por 13.700 docentes en la Comunitat Valenciana, una cifra que supone el 19,4% de los 70.000 profesores convocados. Según los datos aportados por Conselleria, la mayor movilización se ha registrado en Infantil, con un 23% de seguimiento, mientras que las enseñanzas de régimen especial han sido las menos activas. Por provincias, la participación también ha mostrado diferencias: Valencia ha encabezado la jornada con 6.700 docentes movilizados, seguida por Alicante con 5.500 y por Castellón con 1.500. Además, de los 1.645 centros públicos convocados, han parado el 77%.
Un conflicto que nace de la ausencia de diálogo
Los sindicatos lo han expresado con clarida: la primera reivindicación es simplemente que la consellera acceda a reunirse con ellos. Aseguran que, por el momento, no hay convocatoria formal de encuentro ni señales de que la Conselleria vaya a abrir una negociación inminente. Esa falta de diálogo ha sido el verdadero detonante de un malestar que viene acumulándose desde hace años y que ahora, con el relevo en la cartera de Educación, ha encontrado una oportunidad para estallar.
“Queremos que la consellera nos escuche. Tenemos los salarios congelados desde 2007 y cobramos, de media, 300 euros menos que el profesorado del resto del Estado. Es intolerable”, han repetido desde las organizaciones convocantes.
Pero el conflicto no es solo salarial. Los sindicatos insisten en que el problema de fondo es mucho más amplio y afecta a las condiciones laborales, a la degradación de infraestructuras y a la situación del valenciano en las aulas. Denuncian que los recortes han reducido plazas y recursos, que la burocracia se ha convertido en una carga insoportable y que la llamada “Ley de Libertad Educativa” abre la puerta a un retroceso en el uso del valenciano.
La batalla política endurece el escenario
Mientras tanto, desde el Gobierno valenciano se aferran a un discurso muy distinto. Pablo Ortega, director general de Personal Docente, ha subrayado que durante los ocho años del Botànic no hubo subidas salariales ni protestas de este calibre y que ha sido el actual Ejecutivo el que ha reforzado plantillas hasta alcanzar los 68.000 profesores, 1.500 más que el año pasado.
Un mensaje que no convence a los sindicatos, que consideran insuficiente cualquier dato que no vaya acompañado de una negociación real. Desde la oposición, Compromís ha reclamado un incremento de 2.800 euros anuales para los docentes y acusa al PP de haber “denigrado” la educación durante los últimos cursos.
Este cruce permanente de reproches entre partidos y sindicatos configura un escenario especialmente inestable para el sistema educativo valenciano. Y entre todo el caos, en los centros educativos el ambiente es de cansancio, pero también de determinación. Muchos docentes consideran que este es el momento de presionar porque, de lo contrario, la situación podría seguir deteriorándose hasta niveles insostenibles.
Una huelga indefinida sobre la mesa
Más allá de las cifras y de los discursos, lo que preocupa ahora en colegios e institutos es el escenario inmediato. La huelga del 11 de diciembre no era una protesta aislada, sino el primer paso de un calendario de movilizaciones que los sindicatos ya han anunciado y que pretende mantenerse de manera constante. Salvo cambio de rumbo, habrá nuevas protestas cada mes, posiblemente acompañadas de paros parciales o concentraciones simultáneas para mantener la presión.
Ese calendario podría tensarse aún más si la Plataforma per l’Ensenyament Públic cumple lo que ha avanzado. Y es que yan alertado de que, en caso de que la Conselleria no reaccione con medidas inmediatas, las movilizaciones podrían evolucionar hacia una huelga indefinida que se prolongaría hasta final de curso. El mensaje es claro: el profesorado está dispuesto a sostener el pulso tanto como sea necesario.
La Plataforma ha puesto especial énfasis en la situación de las infraestructuras educativas. Ha denunciado que muchos centros afectados por la DANA siguen en condiciones deficientes y reclama recuperar los 121 millones recortados en infraestructuras. También pide que se refuerce la atención a la inclusión, que se cubran las bajas con más rapidez y que se proteja el valenciano en las aulas mediante una reforma legislativa.
La incógnita ahora es qué camino elegirá la consellera Ortí. Si convoca una mesa de diálogo en los próximos días, los sindicatos aseguran que están dispuestos a negociar. Si no lo hace, el 2026 llegará marcado por un clima de protesta permanente que podría acabar afectando no solo al funcionamiento de los centros, sino también al ritmo del curso escolar y a miles de alumnos y familias.