Los colegios e institutos de toda España dan desde este jueves 16 de abril un paso decisivo hacia un modelo alimentario más saludable. A partir de hoy, queda completamente prohibida la venta de bebidas azucaradas y bollería industrial en máquinas expendedoras y cafeterías escolares, tras cumplirse el plazo de 12 meses para la entrada en vigor del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles.
La medida afecta a todos los centros educativos (tanto públicos como concertados y privados) y supone un cambio profundo en la oferta alimentaria disponible durante la jornada escolar. El objetivo es claro: mejorar los hábitos de alimentación de niños y adolescentes y reducir el consumo de productos con alto contenido en azúcares, grasas saturadas y sal.
El decreto no solo elimina determinados productos, sino que establece criterios nutricionales estrictos. A partir de ahora, los alimentos y bebidas que se ofrezcan en máquinas expendedoras o cafeterías no podrán superar las 200 kilocalorías por unidad, y únicamente un 10% de ese contenido energético podrá proceder de grasas saturadas o azúcares añadidos o libres. Además, se prohíbe la venta de productos con altos niveles de cafeína, fijando el límite en 15 miligramos por cada 100 mililitros.
Más protagonismo para la dieta mediterránea
El nuevo marco normativo apuesta decididamente por reforzar la dieta mediterránea en el entorno escolar. Las cafeterías deberán priorizar alimentos de origen vegetal como frutas, legumbres y cereales (preferiblemente integrales), además de frutos secos. También se contempla un consumo moderado de proteínas de origen animal, con presencia de pescado, huevos, lácteos y carnes, priorizando las de ave y conejo frente a otras opciones.
Otro de los pilares del decreto es garantizar el acceso al agua potable gratuita. Los centros deberán instalar fuentes en espacios comunes y de recreo, correctamente señalizadas y disponibles durante toda la jornada escolar, incluyendo actividades extraescolares. En los comedores, se deberán colocar jarras de agua en las mesas.
De lunes a viernes, los primeros platos deberán incluir hortalizas y legumbres entre una y dos veces por semana, mientras que la pasta y el arroz se servirán una vez semanalmente. En los segundos platos, el pescado tendrá un papel destacado, con una presencia de una a tres veces por semana, seguido de los huevos, que se ofrecerán entre una y dos veces.
La carne quedará limitada a un máximo de tres raciones semanales, con restricciones adicionales para la carne roja y la carne procesada. Además, los platos basados en proteínas vegetales podrán servirse entre una y cinco veces por semana. En cuanto a las guarniciones, se priorizarán las ensaladas, mientras que las patatas fritas y otras opciones similares quedarán limitadas. Para los postres, la fruta será la protagonista, dejando otras alternativas como el yogur o el queso fresco para una única ocasión semanal.
Además, el pan integral deberá servirse al menos dos veces por semana, y tanto el arroz como la pasta serán integrales en cuatro ocasiones al mes. Las frituras se limitarán a una ración semanal y los platos precocinados, como pizzas o croquetas, solo podrán aparecer una vez al mes. El agua será la única bebida permitida en los comedores.
Críticas al nuevo decreto
Pese al avance que supone esta normativa, diversas organizaciones sociales, educativas y agrarias consideran que se queda corta en algunos aspectos clave. Más de 100 entidades se han sumado en los últimos días al manifiesto de la campaña “Escuelas que saben”, que ya cuenta con cerca de 1.000 firmas, reclamando una transformación más profunda del modelo de comedores escolares.
Estas organizaciones ponen el foco en la compra pública de alimentos, un ámbito que mueve cada año cientos de millones de euros y que afecta directamente a más de 1,2 millones de alumnos que utilizan diariamente el servicio de comedor en centros públicos en España.
Entidades como el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y Mundubat consideran que el decreto tiene una “ambición limitada”, ya que establece un porcentaje reducido de productos ecológicos y no garantiza la entrada de pequeños productores locales en el sistema de abastecimiento. También critican que el precio siga siendo el factor predominante en la adjudicación de contratos, lo que, a su juicio, favorece a grandes empresas en detrimento de la agricultura de proximidad.
Entre sus propuestas, plantean reducir el peso del precio en las licitaciones a un máximo del 20% y priorizar criterios como la calidad nutricional, la sostenibilidad o el impacto social. También reclaman mejorar la logística y distribución para facilitar la participación de pequeños productores, así como adaptar la oferta a la producción local y de temporada.