La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha dado un paso decisivo en la lucha contra la violencia sobre la mujer con la aprobación de la Instrucción 1/2026. Esta normativa transforma el modelo de atención a las víctimas al ampliar significativamente el número de servicios públicos especializados con capacidad para emitir los informes necesarios para la acreditación administrativa de las víctimas.
La Generalitat ha dispuesto que, además de la Red de Centros Mujer y el Programa Alba, se incorporen plenamente los Centros de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual (Centros de Crisis) y la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) como órganos informantes.
La vicepresidenta primera consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha hecho hincapié en que esta ampliación de servicios especializados “permite que el procedimiento de acreditación se inicie de forma más sencilla tras una valoración del equipo de intervención que atiende a la mujer, basándose en un diagnóstico y un Plan de Intervención Individual”.
De este modo, “al multiplicar los puntos donde se puede informar de la situación de violencia, se facilita que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin necesidad de haber presentado una denuncia previa”, ha destacado Camarero.
Además, la norma incluye como novedad la acreditación de las violencias sexuales, mediante la cual las víctimas de violencia sexual podrán hacer efectivo el ejercicio de sus derechos en aquellos casos en los que no dispongan de un título judicial que acredite tal condición de víctima.
La Instrucción 1/2026 para la acreditación de las situaciones se violencia sobre la mujer pone especial énfasis en evitar la revictimización de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, “redundando positivamente en las víctimas en tanto se minimiza la victimización primaria y se evita la secundaria”, ha subrayado la consellera de Igualdad.
La normativa establece, además, que la prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales o testificar.
Asimismo, para proteger la intimidad y evitar el sufrimiento innecesario de las víctimas, se permite el uso de certificaciones del fallo judicial en lugar de sentencias completas cuando estas contengan datos sensibles, y se garantiza que la acreditación administrativa incluya a la mujer en la Red de Recursos de la Generalitat, velando por su asistencia integral en todo momento.
Acceso a derechos esenciales
La acreditación expedida por el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer o las Direcciones Territoriales (basada en los informes de estos servicios ampliados) da acceso a un catálogo de derechos esenciales, entre los que se encuentran la autonomía económica, con el acceso al Ingreso Mínimo Vital y a la Renta Valenciana de Inclusión; así como el derecho a una vivienda y un empleo, que se materializa en dar prioridad a las víctimas en el acceso a viviendas protegidas y programas específicos de inserción laboral o reordenación del tiempo de trabajo.
Desde el punto de vista de la asistencia jurídica y social, esta acreditación también permite el acceso al derecho a la asistencia jurídica gratuita y a los servicios de recuperación integral a largo plazo.
Con esta instrucción, “la Generalitat garantiza una respuesta coordinada y personalizada que prioriza la seguridad y la dignidad de las víctimas por encima de las trabas burocráticas”, ha concluido Susana Camarero.