El sistema de dependencia de una comunidad autónoma es esencial para mantener una sociedad en la que se proteja a las personas más vulnerables. Mediante una financiación pública, las administraciones buscan garantizar un mínimo de protección. Las competencias que conforman este sistema son:
- Servicios profesionales
- La ayuda a domicilio
- La teleasistencia
- Los centros de día y de noche
- La atención residencial
- Prestaciones económicas para cuidados en el entorno personal y apoyo a cuidadores no profesionales
- Prestaciones de asistencia personal
La ley actual funciona mediante un sistema de financiación y cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Es, especialmente aquí, donde ocurren los conflictos entre administraciones.
Este sistema de cobertura —creado durante la legislatura del socialista Zapatero— fue el punto de mira de la oposición durante los gobiernos autonómicos populares previos al Botànic. Más tarde, los recortes durante el gobierno de Rajoy en el presupuesto de este sistema redujeron el número de beneficiarios en 400.000 españoles.
En la actualidad, el Govern de la Generalitat, liderado por el popular Pérez Llorca, acusa al Gobierno central de no cumplir con lo pactado: mantener una deuda superior a los 4.000 millones de euros con la Generalitat en materia de dependencia. Elena Bastidas, portavoz de Servicios Sociales del Partido Popular en Les Corts, señala al Ejecutivo central como el responsable de las deficiencias por no cofinanciar el 50 %. Bastidas afirma que la Generalitat ha asumido, hasta ahora, el 80 %.
Durante 2024, la aportación total en dependencia en la Comunitat Valenciana por parte del Estado fue de 1.391,5 millones de euros, unos 378 millones más que en el año 2021. Sin embargo, la valenciana es la cuarta comunidad por debajo de la media nacional en inversión estatal, con 7 puntos porcentuales menos.
La homónima socialista, Victoria Garrido, por el contrario, denuncia un aumento de los expedientes pendientes de valoración —un incremento del 33 % respecto al año anterior—, a lo que se suman los retrasos en su tramitación. Pese a tener reconocidos los requisitos necesarios para ser beneficiario de prestaciones, estas no se reciben dentro de los plazos establecidos.
Sin embargo, el Ejecutivo valenciano defiende que los retrasos se vinculan a los trámites en los ayuntamientos, unas demoras que, según Bastidas, condicionan las resoluciones.
En 2025, en la Comunitat Valenciana existen 83.185 solicitudes sin responder —un 15 % del total nacional—, con 1.467 personas que fallecieron durante estos plazos de espera sin recibir respuesta a sus solicitudes.
A estas cifras se suman, según datos del XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, los registrados en el año 2024: un total de 3.406 personas que fallecieron mientras esperaban recibir contestación.
Asimismo, el PPCV (Partido Popular de la Comunitat Valenciana) alardea de una inversión récord —con 1.391 millones de euros en 2024—, un incremento del gasto con una aportación mayoritaria de la administración autonómica. En 2025 anunciaban una reducción del 11,35 % de la lista de espera, que sitúa el total en 12.713 personas, unas 1.600 menos que el año anterior.
Polémica sobre el método de contabilización
El sindicato UGT denunció en abril de 2025 que las listas de espera no reflejan la realidad de la situación. Acusan al Consell de ocultar cerca de 12.000 expedientes. “Hasta que no se validen los expedientes, no forman parte de la lista de espera”.
UGT acusa al Partido Popular de maquillar los resultados con el objeto de justificar nuevas privatizaciones. Y es que, con la modificación de la normativa a través de la Ley 6/2024, se abre la puerta a estos procesos de desregulación.